Politika Fernando Tuesta Soldevilla

En pocas palabras, la baja legitimidad es la poca capacidad de las autoridades para convencer y producir obediencia convencida. Cuando se contrastan las opiniones de la gente con las percepciones del Gobierno hay una diferencia enorme que, justamente, provoca el mayor enfrentamiento. Y no se percibe que las élites busquen salidas políticas urgentes, pues el discurso gubernamental y el desempeño de los congresistas no hace sino recalentar el ambiente, resentir los ánimos y atizar más el conflicto. Podrán quedarse todos, pero los problemas también.

Los parlamentarios no tienen ningún incentivo para votar por adelanto de elecciones. Y si tampoco hay reelección -que siempre abre una posibilidad de mantenerse- ni compensación a sus proyecciones económicas hasta julio del 2026, los desincentivos son mayúsculos, pues perderían ingresos estatus, beneficios no económicos y cuotas de poder cuando no representación de intereses mercantilistas o mafiosos. Si ha eso se agrega que estamos al frente de un parlamento fraccionado en más de una docena de bancadas, la posibilidad de llegar a acuerdos para alcanzar votaciones altas, es baja.

¿Qué podría pasar si no hay adelanto ni renuncia? El deterioro de la vida pública se extenderá, los conflictos abrirán nuevos flancos y formas, el impacto en la economía adquirirá bríos y la inestabilidad y el radicalismo crecerán. Si esto se descontrola no habrá canal que se resista. Al cortar las salidas institucionales se abren los causes del desgobierno y no se debería descartar una presencia más activa de los militares en el poder. La renuncia no es una humillación, no otorga el triunfo a los marchantes y menos al “terrorismo”. La presidenta no tiene por que temer, salvo la cárcel, como varios de sus predecesores. No es poca cosa, como tampoco su persistencia en el poder.

Los pocos acuerdos democráticos que se establecieron a inicios de siglo están casi rotos. Los extremos de izquierda y derecha no ven otra cosa que la desaprobación de los que no son iguales. Pocos momentos en la historia peruana han concentrado todos los condimentos para asfixiar la convivencia social. Por lo que el Congreso debe aceptar que el país no da más y necesita con urgencia una fecha cierta de elecciones y cambio de mando. Es una salida constitucional y política, con un mensaje potente que permitirá descomprimir la explosión social, cuyos costos son lamentablemente altos. Lo único que se necesita es voluntad política, que, como vemos a diario, es lo que más escasea.

No hay ningún un escenario promisorio. Con un adelanto de elecciones estaríamos eligiendo representantes que nacen de reglas no reformadas. Estaremos pagando lo mal hecho y lo que no se quiso hacer, pero las elecciones son siempre una oportunidad, por lo menos para no seguir hundiéndonos con la doloroso entierro de más muertos.

El adelanto de elecciones -a través del fin del mandato anticipado tanto del Ejecutivo como del Parlamento- no fue el resultado de una mirada serena de la terrible coyuntura actual, y que requiere ser canalizada institucionalmente, ni menos como un acto de “desprendimiento” o “sacrificio”. Muy por el contrario, hasta antes del 7 de diciembre, fecha del golpe de Estado, las propuestas de adelanto de elecciones presentados por las congresistas Susel Paredes y Digna Calle se encontraban congeladas. Es a través de un hecho externo, la violenta explosión social, que se conecta con dicha consigna que el Congreso, a regañadientes, aprueba el adelanto de elecciones para abril del 2024.