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Al igual que con los registros revisados por CIPER en la Cámara de Diputados, entre los senadores también figura una cónyuge cargando bencina con las tarjetas financiadas con fondos públicos. Aunque los registros de los senadores que tuvimos a la vista fueron muy pocos, aparece la esposa del senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, cargando bencina en Concón mientras él estaba en Santiago, y también figura uno de sus vehículos siendo abastecido mientras el senador participaba del cierre de la campaña del Rechazo en La Araucanía. Entre las cargas de bencina del senador Ricardo Lagos Weber (PPD) aparece cargando una persona que nadie conoce, ni siquiera su equipo de asesores.



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Voz: Jenny Díaz Hernández (@locucionjennyethel)

Producción: Matías Jara

En 2013 la Corfo abrió una línea de financiamiento que apoyó con 479.600 UF al fondo de inversión privado (FIP) Minería Activa Tres. Ese FIP ocupó los recursos para abrir tres proyectos mineros: Pampa Camarones, Ciclón Exploradora y Don Gabriel. Los Piñera Morel, a través de otros dos fondos privados, invirtieron en esos tres proyectos que fueron apalancados, durante el primer gobierno del jefe de familia, con recursos públicos. Además, inversionistas relacionados con los Piñera en proyectos del rubro minero recibieron otros US$13,5 millones de la Corfo para desarrollar negocios.



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Producción: Matías Jara

La directiva que sucedió a la mesa de Fuad Chahín paralizó la venta de dos inmuebles, en Macul y Talagante, porque el precio era ostensiblemente inferior a las tasaciones comerciales. En conjunto, la diferencia suma $1.178 millones. Además, el Servel objetó una tercera venta porque se pagó una inusual comisión de 26% ($193 millones) por corretaje. La sociedad que recibió la comisión es de los mismos compradores de la propiedad. El inmueble de Talagante fue vendido al archivero judicial de Santiago, a un notario y a una jueza. Chahín explica que requerían con urgencia fondos para campañas.



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Producción: Matías Jara

Son, al menos, cuatro los equipos del fútbol chileno que reconocieron para este reportaje que sus contratos con casas de apuestas en línea fueron mediados por una empresa de Fernando Felicevich: Vibra Marketing. Y podrían ser más, varios de los clubes consultados por CIPER optaron por no responder preguntas. Se trata de contratos millonarios que florecen en torno a una industria opaca, donde las empresas no pagan impuestos en el país y sus matrices societarias muchas veces están ancladas en paraísos fiscales. Como tampoco hay regulación de la actividad de apuestas online, nadie fiscaliza que no existan trampas entre los apostadores, las empresas y los resultados del fútbol. En Europa ya hay antecedentes de partidos arreglados para favorecer a quienes apuestan conociendo de antemano los resultados de los encuentros.



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La sociedad Mexstone fue constituida sin contratiempos en Chile en diciembre de 2020 y cuatro meses después ya enviaba desde México su primer cargamento de piedras para decorar viviendas. Su segundo embarque, detenido en el Puerto de Manzanillo, ocultaba 1.700 kilos de marihuana. La operación revela la extrema debilidad de los controles chilenos. Una oficina de abogados de Las Condes, una reconocida empresa de transportes, un agente aduanero y dos compañías de bodegaje trabajaron para Mexstone. Todos aseguran que nunca conocieron la verdadera identidad de sus dueños. La trama, desentrañada por una investigación de CIPER y Proceso (México), involucra una serie de sociedades fantasmas con raíces en Guadalajara, Jalisco.



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Las sentencias en contra de policías y militares que figuran en los archivos de la Corte Marcial muestran los valores en que fue comercializado –o pretendía ser vendido– el armamento que robaron distintos funcionarios desde dependencias institucionales. Los fusiles se han ofertado hasta en $2 millones, una pistola en $300 mil y un revólver en $100 mil. Cajas con municiones e incluso granadas sustraídas de unidades militares han sido comercializadas en el mercado negro. Los precios, sobre todo de fusiles y subametralladoras, pueden escalar hasta 200% por sobre el valor con que las entidades de la defensa adquieren estas especies en el mercado formal.

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