Hablando Claro con Vilma Ibarra Vilma Ibarra

En la antesala de un llamado multisectorial de protesta, este miércoles 24 de abril -coincidente con el aniversario número 54 de la lucha contra la minera Alcoa- se conjuntan voces para detener retrocesos de derechos de la ciudadanía obtenidos a lo largo de décadas, gracias al estado social.

En este contexto, la Defensoría de los Habitantes viene alzando la voz para enfrentar varios flancos, tales como la angustia de numerosas comunidades que sufren de desabastecimiento de agua, la lucha por restituir dineros urgentes que permitan enfrentar la más violenta ola de criminalidad del país, lo mismo que la crítica situación que enfrentan -por citar solo un caso- los pacientes y el personal del hospital Max Peralta de Cartago.

Imposible dejar de lado la solicitud de cuentas al IMAS para que justifique los criterios para la limitación de las becas del programa Avancemos, como una acción más en los recortes en los presupuestos de inversión social más bajos en la última década.

Y para lograr mantener sus funciones de denuncia y acompañamiento a los derechos de los ciudadanos, la misma Defensoría debe luchar ahora para que el Ministerio de Hacienda le restituya casi ₡245 millones que le asignó la Asamblea Legislativa para evitar su propio cierre técnico.

Para hacer balance de insatisfacciones sociales conversamos con la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.

El tema del próximo vencimiento de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión ha estado en la agenda y el discurso de la administración Chaves Robles desde su campaña electoral.

Un tema que es técnico y jurídico, se politizó dada la consigna del mandatario quien desde la campaña electoral lanzó como caballo de batalla un asunto muy atractivo: que el pago por la utilización de esas frecuencias del Estado, no se ajustó nunca (la tarifa es la misma desde 1954) y que, por tanto, las empresas de radio y televisión han ganado mucho dinero mientras han cancelado montos irrisorios por su uso.

Siendo entonces un tema de tanta importancia para la administración, cualquiera hubiese asumido que estaría bien trabajado y, por tanto, muy bien encaminado. Pero, a pocas semanas de vencer esas concesiones en junio, lo que se ha presentado es un borrador de decreto (en consulta pública por 10 días) que implicaría la extensión automática de estas frecuencias hasta el 2025.

La reacción de los especialistas en la materia no se hizo esperar, y en general sostienen que el procedimiento al que se acudió deviene en ilegal, ya que incumple con los criterios técnicos y legales obligatorios requeridos y establece un plazo distinto al que indican los contratos vigentes. Por supuesto, también hay quienes sostienen que es lo adecuado.

Para ampliar acerca de este tema de perenne presencia en la agenda de Zapote, conversaremos con el director de Ciber Regulación, Juan Manuel Campos.

La fiebre del oro ha incrementado la minería ilegal en la zona norte fronteriza del sector de Crucitas, acrecentando los daños ambientales, el conflicto social y creando una “tierra de nadie”.

En esa zona, sin duda alguna, hay personas, grupos y comunidades que están en una actividad que se ha venido extendiendo en alrededor de 50 puntos, que requieren de toda una logística para el trasiego del material, la atención de quienes allí operan y el traslado del necesario y letal mercurio.

Para dar continuidad a nuestro anterior programa en el que presentamos algunos aspectos de lo que está sucediendo, ponemos en la mesa de debate a quienes sostienen que si es posible atender la situación y generar soluciones sostenibles que atiendan esta problemática multidimensional.

Para conocer esta faceta conversaremos con el exdiputado y abogado ambientalista, Edgardo Araya.

Dos asuntos ambientales afectan a la zona norte y su impacto es tan significativo que revisten carácter nacional, por lo que hay que ponerles remedio.

Nueve meses atrás (julio) una gran avalancha arrasó entre 40 y 60 hectáreas del Parque Juan Castro Blanco dejando una huella de destrucción en Aguas Zarcas y otros poblados cercanos. Ahora, con el reciente informe de un intenso invierno por parte del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) volvemos la mirada a aquellas comunidades, que preocupadas y con la ayuda de Coopelesca, contrataron estudios técnicos para tener información complementaria a los dictámenes realizados por la CNE.

Tras 7 meses de trabajo, el equipo logró identificar entre 10 y 15 hectáreas inestables que podrían deslizarse, lo cual configura una situación de amenaza y peligro para Aguas Zarcas que urge gestionar ese riesgo.

El otro gran desafío irresuelto tiene que ver con la depredación ambiental amplificada en la zona de Crucitas, con daños a la flora, la fauna y el recurso hídrico y, por supuesto, con los flagelos sociales, de violencia e inseguridad que van aparejados con la extracción ilegal de oro. Hoy se identifican más de 50 focos de actividad repartidos en 910 hectáreas, con presencia de centenares de coligalleros. Ha habido muertos, por derrumbes y por enfrentamientos con la policía. Lo que no hay son soluciones estructurales a un problema que ya se volvió permanente.

Para conocer posibles soluciones en esos territorios conversamos con el geólogo y especialista en sedimentación Allan Astorga.

Con las puestas en escena del presidente Rodrigo Chaves -incluso ya luego de dos años en el poder y en el contexto del retador tercer año de gobierno- hay que hacer lo mismo que con los contratos; ponerles mucha atención a la letra pequeña para poder entender lo que se juega.


El viernes, en el escenario de la Casa Presidencial, la reunión con los representantes de la posible coalición pro gobierno para conformar el directorio legislativo, estuvo colmada de abrazos, sonrisas y mucho gesto de triunfo anticipado.

El martes, otra cosa totalmente distinta en Limón. Una reedición del capítulo de choque contra la Contraloría General de la República, institución sobre la que se lanzaron gritos de guerra para una movilización ulterior en ciernes. Pero eso no fue todo, también hubo ataques a diputados -como acostumbra el mandatario- con nombres y apellidos. Allí, por mucho discurso incendiario que hubo, faltaron fotos y videos para no dejar constancia de que la convocatoria fue bastante desnutrida respecto de la ilusión que abrigo el Ejecutivo, en asocio con autoridades de varios municipios del Atlántico.

Lo cierto es que lo hecho con la mano el viernes podría haberse borrado con el codo el martes.

Hoy todo parece indicar que la pretendida alianza naufraga. Horacio Alvarado que lucía fuerte, se empieza a diluir y don Rodrigo Arias, pocas horas antes debilitado, se redimensiona en su papel de experimentado político, pues no solo salió en defensa de los diputados vilipendiados, sino que reiteró su defensa a la separación de poderes y concluyó declinando la cita pactada para un almuerzo en Zapote el viernes.

Y del otro lado, Troya ardiendo. Una división más que evidente en la fracción del PUSC y el anuncio de distancia (que le cayó como anillo al dedo a Eliécer Feinzaig del Liberal Progresista) por el torrente de críticas que ya había recibido desde la semana pasada.

Hay mucho más que desentrañar en estos movimientos, que como telón de fondo tienen en puertas la tercera legislatura, sobre cuya conducción como queda evidenciado, no hay nada escrito aún.

Para seguir poniendo foco en los movimientos del ajedrez conversaremos con el politólogo Claudio Alpízar Otoya.

Si hay un tema que copa la agenda política en la segunda quincena de abril todos los años, es, si duda alguna, la elección del directorio de la Asamblea Legislativa. Y, para este tercer año de la legislatura, el asunto se ha tornado particularmente interesante, habida cuenta de la revaluación significativa del oficialismo, en el juego.

Un oficialismo que apenas con ocho votos en el Congreso ha logrado allegar una fórmula con dos aliados ya conocidos; la Unidad Social Cristiana y Nueva República, pero además con la notoria novedad del paso aventurado que ha dado al frente el liberal, Eliecer Feinzag. Por ahora nadie ha firmado el acta de compromiso formal, ni siquiera el mandatario, pero el flirteo es más que notorio en términos de querer sellar esa alianza.

A la cuenta de los bienes transados, que se sepa por ahora, irían el proyecto de ley (de nuevo) para vender la joya de la abuela (el BCR, claro), también en segundo intento las jornadas 4/3 y una tercera iniciativa para reformar la Ley de Administración Pública para construir ciudad gobierno como quiere el Ejecutivo y no como dicta la legislación vigente. Pero no podemos dejar de lado, la bolsa de nombramientos internos en el Congreso, que hacen siempre tan atractiva la participación en el directorio.

A falta de 15 días para la decisión (que son muchos en términos de negociaciones y amarres) el socialcristiano Horacio Alvarado luce como el candidato más fuerte, pero Rodrigo Arias no parece dispuesto a ceder y a falta de atención de Zapote ha solicitado una segunda audiencia para, en un intento acaso un poco forzado ya, buscar el beneplácito que obtuvo el año pasado cuando el Ejecutivo no pudo desbancarlo y terminó dándole sus votos a regañadientes. Pero lo cierto es que hoy, ábaco en mano, ninguno de los dos aspirantes tiene los codiciados 29 votos asegurados.

¿Logrará el Ejecutivo tomar el control legislativo, con un directorio cercano a sus intereses? ¿Se aliviarían realmente las tensas relaciones entre los dos Poderes de la República si el Presidente Chaves logra una victoria en el Congreso?

Para puntualizar al respecto conversaremos con la politóloga, Eugenia Aguirre Raftaco.