Hablando Claro con Vilma Ibarra Vilma Ibarra

Al llegar al cenit de la Administración Chaves Robles, resulta oportuno desgranar detalladamente los niveles de adhesión y rechazo que genera un Ejecutivo de estilo sui generis, centrado en la figura presidencial y muy pendiente de su popularidad.

Esto viene a colación ahora que sale a la luz el último estudio de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP/UCR) y después de que en las últimas mediciones se observara, por un lado, una reducción moderada del respaldo y por otro, un desmejoramiento en la percepción de manejo en áreas como seguridad, educación y combate a la corrupción.

Por lo demás, ¿cómo se insertan en este contexto los entusiastas tambores de organización de un referéndum ciudadano?

Para abordar estos ejes conversamos con Ronald Alfaro, coordinador del CIEP/UCR.

Pasados los fragores de la elección del nuevo directorio de la Asamblea Legislativa, así como los del segundo informe del Estado de la Nación del presidente Chaves Robles y las reacciones a esa rendición de cuentas por parte de los legisladores, hay que encarar, con referéndum o sin el, las perentorias decisiones para múltiples problemas como la ola de violencia criminal organizada, la recuperación de la caída abrupta en la inversión social y otros desafíos correlacionados que nos muestran hoy como el país con más pobreza en niños y adolescentes, de los 38 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE.

Para lograr esto, necesitamos profundizar la negociación política. Es hora de actuar con cabeza fría desde todos los frentes.

Para hablar acerca de cómo reencauzar los maltratados canales de diálogo para la toma de decisiones, conversamos con la politóloga Gina Sibaja.

El referéndum es uno de los pilares fundamentales de la democracia directa, un mecanismo de consulta popular, que permite orientar las decisiones políticas a partir del criterio de los ciudadanos sobre determinados temas de interés nacional.

Pero esta herramienta de compleja aplicación tiene que cumplir procesos y fases en determinados plazos, según lo establece la legislación vigente.

El anuncio del presidente Chaves Robles de querer avanzar en la convocatoria al segundo referéndum de nuestra historia, no solo estaría determinado entonces por las condiciones sociales y políticas imperantes, sino también -y muy especialmente- por la capacidad de cumplir con los requisitos para que, a más tardar, el primero de agosto del 2025 pudiera celebrarse esa consulta nacional, que en todo caso, no sería vinculante si no alcanza una votación del 30% del padrón electoral para leyes ordinarias y 40% en el caso de reformas parciales a la Constitución Política.

Lo cierto es que antes de llegar a ese tipo de definiciones, un interesante ejercicio de tiempos nos coloca en el plano de la realidad. En otras palabras, de lo posible o cuesta arriba de poder llegar al objetivo final de la consulta, estableciendo por supuesto, qué es lo que se consultaría, tomando en cuenta que muchas materias están expresamente prohibidas de llevarse al proceso.

Todo esto, por supuesto, lo sabe bien el Ejecutivo, con lo que también salta a la palestra la duda respecto de si lo que se quiere es realmente ir a un referéndum o simplemente profundizar la división con el Poder Legislativo, dado que el mandatario ha señalado expresamente que no necesita de los diputados para aprobar los proyectos de su interés tales como la venta del BCR, la apertura del mercado eléctrico, las jornadas laborales 4x3 y la reforma a la ley de contratación administrativa para construir Ciudad Gobierno por encima de los requisitos hoy establecidos.

Para ahondar en el tema y conocer los requisitos, con calendario en mano, conversaremos mañana con el analista e investigador, Mario Quirós.

El segundo informe a la Nación del presidente Rodrigo Chaves, como ha sido habitual también en otros mandatarios, fue un largo repaso de acciones que ejecutan las instituciones públicas, lo que se conoce en ciencia política como compromisos inerciales de la gestión.

El mayor énfasis lo puso en los logros económicos, que efectivamente los indicadores de organismos como la OCDE le reconocen al país. Puntualmente, acerca de las mejoras fiscales, el mandatario obvió señalar que estas son producto de la traumática reforma fiscal que el país debió enfrentar en 2018 y no hizo alusión alguna a los drásticos recortes de la inversión social, los más altos de la última década.

Fiel a su narrativa de absolutos, indicó que tras décadas de abandono, desidia, uso incorrecto de dineros públicos y corrupción, le ha correspondido a su gobierno desentrabar todo y mostrar avances en educación, salud, agua, electricidad e infraestructura vial.

Lo que no resultó habitual respecto de sus antecesores (no al menos con tal énfasis) fue no pudiera abstraerse de volver a recriminar una y otra vez, a la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República, al calificarlas como obstruccionistas y por ello anunció, como se había adelantado ya, la idea de avanzar en la realización de un referéndum “con o sin el apoyo legislativo” para que “el pueblo” decida sobre varios temas, entre los que destacó la venta del BCR y la apertura del mercado eléctrico.

En respuesta, el presidente legislativo, Rodrigo Arias, le recordó la importancia de la vocación democrática del diálogo y la cantidad de veces que le han tendido puentes sin éxito, por lo que le pidió rectificar su estilo confrontativo. Además, fue contundente al señalar que si bien avala el mecanismo de consulta popular, “procurar el uso del referéndum como un mecanismo caprichoso y vengativo para ir contra los Poderes de la República y contra nuestra institucionalidad, es una vana pretensión que no encontrará terreno fértil en este Congreso”

Para analizar esta rendición de cuentas conversaremos con el politólogo, Gustavo Araya Martínez.

La elección del directorio legislativo este Primero de Mayo dejó en evidencia -como no podía ser de otra manera- la enorme importancia que tiene en el balance de poderes el juego de las piezas del tablero de los contrapesos políticos. El partido Nueva República quedó como gran ganador del proceso y, por otro lado, la derrota de un sector de la Unidad dejó expuestas sus -ahora- mal tapadas grietas.

Por su parte, el gobierno golpeado por los resultados, envió el decreto de convocatoria de proyectos a las sesiones extraordinarias, con 31 iniciativas, entre las que destacan, la reforma constitucional para extraditar nacionales, la reforma a los artículos 67 y 77 de la Ley de Contratación Administrativa, para tratar de apurar su propio modelo para construir Ciudad Gobierno, así como también el proyecto de jornadas laborales.

El ahora tres veces presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, puso luces al viaje que inician al insistir en una defensa del Estado de derecho, que no debería estorbarle a nadie, así como la discusión de nuevos proyectos de seguridad ciudadana y otros microeconómicos que lleven bienestar a las familias.

Para poner foco en esta intensa jornada conversamos con el coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, Rotsay Rosales Valladares.

En su tercera edición, el Índice de Progreso Social Cantonal (IPS); una muy valiosa herramienta que evalúa el bienestar colectivo de los territorios, más allá de la simple medición de los ingresos, nos presenta el cuadro de realidades que vivimos a lo largo y ancho del pequeño, pero muy diverso país que somos.

Esta herramienta práctica construida a partir de múltiples indicadores sociales y ambientales, explica cómo estamos en satisfacción de necesidades básicas, en fundamentos para el bienestar y en oportunidades. Todo ello expresado en resultados que van de alto, a medio alto, medio bajo y bajo; con datos desagregados que sirven a las autoridades municipales que asumen funciones este Primero de Mayo.

Determina el estudio que aún no superamos los impactos de la pandemia y que mientras tenemos buenos índices generales en vivienda (nota 94) y agua y saneamiento (91) nuestro desarrollo presenta áreas críticas de mejora en educación avanzada (43), derechos y voz ciudadana (41) e información y comunicación (39)

Los cantones líderes en progreso social son únicamente 11 con Heredia a la cabeza y otros muy interesantes casos como Desamparados, San Pablo y Paraíso. Mientras tanto, los 22 cantones con mayor rezago se encuentran todos en zonas costeras y fronterizas; para sorpresa de nadie.

Para hacer un repaso de otros cantones y realidades y establecer las paradojas de algunas regiones conversamos con Jaime García, Investigador y director de proyectos del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLADS) del INCAE. 

fotografía: Rafael Nájera.