Antiimpune Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

Este es un recorrido sonoro por Quintana Roo donde actualmente se encuentra en construcción el tramo 5 del Tren Maya, megaproyecto del gobierno actual que está poniendo en riesgo el medio ambiente.

Activistas indígenas, comunitarios, organizaciones civiles locales, nacionales y hasta internacionales narran los ataques, despojos, robos, desalojos y sistemática intimidación en la que viven y los mecanismos que han tenido que desarrollar para seguir luchando.

Las zonas de México que tenderán a la aridez por mal manejo de las cuencas hídricas son bastas y ponen en peligro la seguridad alimentaria del país. En este pódcast, expertos explican por qué debe México dejar de ver al cambio climático como una amenaza lejana.

En 2021, fueron asesinados 54 activistas ambientales en México, convirtiéndolo en el lugar más peligroso para cuidar y defender los recursos naturales del territorio. En este podcast conoceremos la lucha de estos activistas, su origen, nombre y las motivaciones que tuvieron para enfrentarse a las fuerzas extractivas y degradantes del medio ambiente y el territorio.

La Auditoría Superior de la Federación a cargo de David Colmenares muestra un rezago en la recuperación de recursos federales observados en las primeras cuatro revisiones que realizó su gestión.

En promedio, ha recuperado 17 de cada 100 pesos que se ejercieron de manera incorrecta. Ese dinero perdido debió ejercerse en Salud, Educación, Justicia y otras materias.

Se tramitaron más de mil solicitudes de información para pedir evidencias sobre el avance en las recuperaciones al órgano fiscalizador, pero este se negó a entregarlas, incluso clasificó como reservados documentos de observaciones ya aclaradas.

Por Laura Islas, Frida Mendoza, Concepción Peralta Silverio, Ami Sosa Vera, Eduardo Buendía.

Pese a que este gobierno inició con una ceremonia que involucró a los pueblos indígenas y constantes promesas de reconocimiento, la realidad muestra que es un sector que no ha mejorado sus condiciones de vida, que cuando reclama es hecho de lado y al que se le han recortado cada vez más recursos.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) tiene este año un presupuesto 32% menor al ejercido en 2018; en 2020, en plena crisis por la pandemia de COVID 19 en 2021 se eliminaron dos de los programas que tenía, el de Derechos Indígenas y el de Infraestructura Indígena, que era el más grande que tenía. Mientras que según la última medición de pobreza del CONEVAL, de 2018 a 2020 hubo un empeoramiento de su situación que no es significativo pero mantiene a este grupo con un nivel de 76.8% en pobreza (contra 41.5% de no hablantes de lengua indígena) donde 35.7% vive en pobreza extrema, 5 veces más que el porcentaje en el resto de la población. Sin embargo, el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, presumió el pasado Día de los Pueblos Indígenas (9 de agosto) que se invierte más que nunca en programas sociales que benefician a indígenas y que en todos los municipios catalogados así las familias reciben 3 programas en promedio.

Se cumplen 2 años de que el edificio central del INPI fue tomado por indígenas otomíes que llevaban décadas en predios de la colonia Juárez y fueron desalojados. Denuncian que no ha habido ninguna atención real ni del gobierno de la Ciudad de México ni del federal.

Desde ahí reclaman que este gobierno, como los anteriores, tiene una política de megaproyectos que los despoja y no los considera; hace consultas indígenas irregulares, y no protege a los activistas.

Uno de los casos más simbólicos es el del asesinato de Samir Flores en 2019 por oponerse al Proyecto Integral Morelos. El crimen sigue impune y las comunidades de Huexca, Amilcingo y San Pedro Apatlaco mantienen la lucha para frenar el proyecto.