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En este episodio conversamos sobre la desconfianza en el bolívar. ¿Cuáles son sus causas y sus implicaciones? ¿Tiene sentido hablar de inflación y a su vez de escasez de bolívares? Descubre mucho más en el análisis que hacemos en Qué Cedice de Economía.

En este episodio exploraremos un tema crucial que afecta a la economía venezolana y a la vida cotidiana de sus ciudadanos: las restricciones sobre el crédito en Venezuela. Analizaremos las razones detrás de estas restricciones, cómo han impactado a individuos y empresas, y las dificultades que enfrenta la población para acceder a financiamiento. Pero no nos detendremos ahí, también exploraremos las nuevas iniciativas que el sector privado está implementando para sortear estos desafíos financieros.

En este episodio de "Que Cedice de Economía", se profundiza de manera especial en un factor crucial que ha agravado la reciente recaída de Venezuela en una recesión económica: el notable deterioro institucional del país. A través de un análisis exhaustivo respaldado por datos recientes, se examinan con detalle los dos trimestres consecutivos de declive en la actividad económica que el país ha experimentado a lo largo de 2023. Se hace hincapié en cómo este deterioro institucional ha influido de manera significativa en esta preocupante situación económica. Se exploran las posibles causas detrás de este fenómeno, poniendo bajo la lupa factores tanto internos como externos que podrían estar contribuyendo al desafiante panorama económico. Asimismo, se ofrece perspicacia sobre las posibles implicaciones a corto y largo plazo para la población venezolana, además de presentar posibles estrategias y soluciones que podrían trazar el camino hacia la ansiada recuperación económica, todo ello bajo el contexto del frágil entorno institucional del país.

En Venezuela, el Ejecutivo Nacional ha puesto énfasis en contener el gasto público mediante la administración discrecional de medios y divisas. Sin embargo, es importante diferenciar entre la disponibilidad de fondos para el gasto público y un verdadero esfuerzo institucional por controlar y disminuir el tamaño del Estado. Estos dos aspectos son completamente distintos y requieren acciones diferentes para abordar los desafíos económicos del país.

Es esencial comprender que la falta de disponibilidad de fondos para el gasto público no implica necesariamente un esfuerzo real por parte de las instituciones para contener dicho gasto. Existe una diferencia entre simplemente trabajar con los fondos existentes y tomar medidas concretas para reducir el tamaño del Estado en relación con la cantidad de empleados y los recursos asignados.

La ausencia de cambios institucionales en relación con el tamaño del Estado es un factor crítico en la falta de recursos y en la incapacidad para contener el gasto público de manera efectiva. Si se llevara a cabo un verdadero esfuerzo por disminuir el gasto público, se reflejaría en una reducción del tamaño del Estado y una asignación más eficiente de los recursos disponibles.

Es fundamental reconocer que los cambios institucionales son necesarios para resolver los problemas económicos y fiscales de Venezuela. No basta con trabajar con los fondos disponibles; se requieren reformas estructurales que promuevan la confianza en la economía, disminuyan la burocracia y fomenten una gestión eficiente de los recursos.

Es importante comprender que la falta de recursos no es una excusa para la ausencia de un esfuerzo institucional real para contener el gasto público. Aunque los recursos pueden ser limitados, es posible implementar políticas y medidas que promuevan una administración responsable y eficiente de los fondos existentes.

Para que la ciudadanía perciba y observe un verdadero esfuerzo por contener el gasto público, es imprescindible llevar a cabo cambios institucionales. Esto implica disminuir el tamaño del Estado y promover una gestión transparente y responsable de los recursos públicos. Solo a través de cambios estructurales se podrá abordar de manera efectiva el problema del gasto público y generar confianza en el manejo de los fondos.

La contención del gasto público en Venezuela requiere más que simples medidas para trabajar con los fondos disponibles. Es necesario implementar cambios institucionales que reduzcan el tamaño del Estado y promuevan una gestión más eficiente de los recursos. Solo a través de estos cambios se podrá generar confianza en la ciudadanía y sentar las bases para una administración pública responsable y sostenible en el tiempo.

La ONU ha mantenido su previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe en 1.4% para este año, en contraste con el crecimiento robusto de 3.8% en 2022. Este crecimiento anterior fue en gran parte un 'efecto rebote' tras el impacto de la pandemia, y se espera que no sea sostenible dadas las actuales tensiones socio-políticas y la falta de instituciones sólidas.

El informe de la ONU señala que la alta inflación, problemas estructurales y costes crecientes del crédito están afectando a la región, y que el limitado espacio fiscal impide a los gobiernos brindar mayor apoyo económico. Específicamente, Argentina, Brasil, Chile y Colombia están sintiendo el impacto de la desaceleración, y sus inestabilidades políticas amenazan su capacidad productiva.

La sostenibilidad de la recuperación económica en la región sigue siendo incierta. Aunque se registró una recuperación en 2022, la falta de reformas y el aumento de las tasas de interés amenazan la sostenibilidad del crecimiento. América Latina y el Caribe enfrentan desafíos significativos para mantener el ritmo de crecimiento en 2023 y más allá.

Algunos puntos tratados en el podcast:



El reciente aumento del salario mínimo en Venezuela no se ha aplicado directamente al salario base, sino que se ha distribuido a través de bonos adicionales, como el bono de alimentación y el bono de guerra económica. Esta estrategia busca evitar un aumento en los pasivos laborales y el pago a pensionados y jubilados. Al no incrementar el salario mínimo en sí, el gobierno evita incrementar las obligaciones financieras relacionadas con los empleados públicos y los jubilados, lo cual podría generar un impacto negativo en la ya precaria situación económica del país.



El sector público en Venezuela ha experimentado una disminución en el número de empleados debido a la diáspora y a las condiciones salariales poco favorables. A pesar de esta disminución, el sector público aún emplea a unos 2 millones y medio de personas, lo que representa una carga financiera considerable para el Estado. Esta situación sugiere la necesidad de reducir aún más el tamaño del sector público para aliviar la presión sobre las finanzas del Estado y así poder abordar otros temas económicos, como el aumento del salario mínimo.



Es necesario equilibrar las cuentas fiscales, prestando atención a los ingresos y gastos ordinarios, y no depender exclusivamente de los ingresos petroleros, que son volátiles y poco confiables como base para el presupuesto público.



La política de contención de la inflación en Venezuela se está implementando a expensas del bienestar de los ciudadanos, especialmente de los pensionados, jubilados y empleados del sector público. La estrategia actual no se centra en reducir el déficit fiscal, disminuir el tamaño del Estado o estimular el crecimiento económico, sino en restringir el aumento del salario mínimo y limitar el acceso al crédito mediante políticas de encaje legal. Esta política resulta en un sistema perverso donde los costos no los asume el gobierno, sino la ciudadanía, lo que lleva a una pérdida del ingreso digno y una mayor precariedad económica para estos grupos vulnerables.



El sistema de seguridad social en Venezuela está prácticamente quebrado debido a la política de evitar incrementos salariales y a la fijación del salario mínimo en montos irrisorios. Los aportes al sistema de seguridad social, que se calculan en base al salario mínimo, resultan insuficientes para garantizar la protección económica y social de la población. Con estas políticas, se está erradicando cualquier posibilidad de seguridad social y apoyo económico para los pensionados, jubilados y empleados del sector público, quienes quedan invisibilizados y excluidos de la ecuación económica.