Seminario de Teoría Jurídica: Debates contemporáneos sobre los Derechos Humanos y Ambientales Dayana Holguín Lenis

A inicios del 2020, el caso del Oso Chucho, un oso de anteojos ubicado en el zoológico de Barranquilla, fue objeto de controversia a nivel nacional. En el 2017, la Corte Suprema de Justicia decidió otorgarle derechos a este animal que se encontraba en cautiverio, pasándolo de una reserva de Manizales al zoológico de Barranquilla. El animal había quedado deprimido luego de que su compañera, una osa llamada Clama, muriera. El proceso consistió en que la Corte Suprema falló a favor de una tutela de Habeas Corpus con el fin de reubicar al animal en un ambiente con "plenas y dignas condiciones de semicautiverio". Las personas que hicieron la petición alegaron que mantener al animal privado de la libertad no presentaba una mejora en su caso, sino que empeoraría sus condiciones de vida y sobre todo, sus derechos fundamentales.

Sentencia T-10830 (06-03-02) de la Corte Suprema de Justicia. Esta sentencia fue interpuesta contra la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, “Corporinoquia”, la Aeronáutica Civil y la empresa “Aerolíneas Andinas S. A.”, “Aliansa”, por presunta violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud, al ambiente sano y a la tranquilidad relacionada con la dignidad humana.

En esta sentencia, la Corte Suprema de Justicia colombiana protegió a las generaciones futuras y a la selva amazónica destacando dos cosas: la primera, la protección de derechos de los niños y jóvenes, así como las generaciones futuras a gozar de un ambiente sano como un derecho fundamental, así como los derechos a la vida, la salud, las necesidades básicas, la libertad y la dignidad humana, derechos vinculados por el ambiente y el ecosistema. La otra es el reconocimiento de la titularidad de derechos de la selva amazónica. Esta tutela fue interpuesta en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, y las Gobernaciones de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, por el incremento de la desforestación en la Amazonía.

La Declaración de Rio recogió algunos aspectos de su predecesora, la Declaración de Estocolmo, como exponer la necesidad de un criterio y unos principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el medio humano. Sin embargo, en esta nueva Declaración, se pudieron concretar medidas para el proceder de los Estados en este tema, de tal modo que no fuera tan ambiguo, sino que se pudiera detallar más el deber de los Estados con el medio ambiente y sus ciudadanos. Estas medidas estuvieron encaminadas en establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas; alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial; y reconocer la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra.