En Disrupciones de esta semana, analizo las deportaciones masivas desde Estados Unidos hacia El Salvador, donde 238 supuestos integrantes del Tren de Aragua y 23 presuntos miembros de la MS-13 fueron enviados directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

¿Estamos ante una estrategia legítima de seguridad o frente a un alarmante caso de perfilamiento racial?

Todos vimos esos videos durísimos: personas esposadas bajando de aviones, tratadas como criminales peligrosos, muchas veces por un tatuaje, un corte de cabello o simplemente por su nacionalidad.

Examino el oscuro acuerdo entre gobiernos que revela pagos de hasta $20,000 anuales por cada prisionero recibido en El Salvador, y cuestiono si la política de "mano dura" de Bukele representa una solución real o solo un paliativo temporal que sacrifica derechos humanos.

¿Puede la seguridad ciudadana coexistir con el respeto a las garantías fundamentales?

Te invito a reflexionar sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo cuando permitimos que el miedo defina nuestras políticas.

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