Para Latinoamérica por Luis Velásquez La Visión Podcast

El jurado popular compuesto por 12 miembros en el caso de Stormy Daniels, que representa la primera de las cuatro causas penales que enfrenta, ha declarado culpable al expresidente y precandidato republicano Donald Trump. Este veredicto se refiere a cargos de falsificación de registros contables para encubrir el pago de un soborno a la actriz, como parte de un plan ilegal para influir en las elecciones de 2016.

Trump fue acusado por unanimidad en los 34 cargos presentados, requisito fundamentalpara alcanzar un veredicto firme. No obstante, aún enfrenta cargos separados en otros tres casos, uno relacionado con la retención de documentos clasificados y dos relacionados con su intento de permanecer en el cargo después de perder las elecciones presidenciales de 2020.

Ahora, queda en manos del juez imponer la sentencia, programada para el 11 de julio. Durante una breve comparecencia ante los medios, Trump se mostró combativo y desafiante, afirmando que «esto es una vergüenza» y que «el verdadero veredicto será el 5 de noviembre por el pueblo».

Los 34 delitos de falsificación de registros comerciales por los que ha sido declarado culpable conllevan penas de hasta cuatro años de prisión cada uno. A pesar de la condena, la ausencia de antecedentes penales juega a favor de Trump, permitiéndole seguir adelante con su carrera electoral e incluso ser reelegido en noviembre.

Esta condena marca un hito en la historia política del país, convirtiendo a Trump en el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal. Sin embargo, la condena no impide su capacidad para aspirar a la Casa Blanca, incluso si es condenado a prisión.

El veredicto llega justo antes de la Convención Nacional Republicana deMilwaukee, donde Trump deberá recibir la nominación formal del partido para enfrentarse al presidente Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre. Esto ha generado un terremoto en el panorama político estadounidense y representa un desafío para la democracia del país.

Más allá de los aspectos técnicos-jurídicosdel proceso, esta condena representa un desafío significativo para la democracia estadounidense. El procesamiento judicial de un candidato presidencial, en Estados Unidos, muestra que «nadie está por encima de la ley», un principio fundamental de la democracia norteamericana.

Los críticos elogian la condena como una victoria para el Estado de derecho, mientras que los partidarios de Trump la consideran un intento de politizar el sistema legal. Valeseñalar que procesar a figuras políticas presenta riesgos en cualquier sistema político.

La condena de Trump marca un hito en la historia de Estados Unidos y plantea importantes preguntas sobre la democracia y el estado de derecho en el país. Aun cuandoen principio fortalece el Estado de derecho al mostrar que personas tan poderosas como el líder de un país pueden ser condenadas por el sistema legal. Sin embargo, existen dudas sobre si esta será la percepción general en Estados Unidos.

Respecto a las amenazas de venganza del expresidente, es de suponer que el hecho de que sea acusado o condenado no hace una diferencia al respecto; lo hará independientemente de si es postulado o no como candidato de los republicanos, y más aún si gana la elección presidencial. Las constantes agresiones verbales de Trump, en sus apariciones públicas, pueden hacer pensar que quiere su reelección para no ir a prisión.

Cabe recordar que esa situación está funcionando en el escenario de guerra entre Israel y Hamas en este momento, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu está actualmente siendo juzgado por corrupción.

Si Donald Trump fuera electo presidente en noviembre próximo, tendría, tras su toma de posesión, la capacidad de conceder indultos por condenas federales. Sin embargo, ese poder no se aplica a las condenas estatales, por lo que Trump no podría auto indultarse por los 34 delitos graves que ahora figuran en su ex

En un momento crítico como este, el debate sobre la estatalidad palestina y la "solución de los dos Estados" vuelve a tomar relevancia. Esta propuesta aboga por la creación de un Estado palestino en Cisjordania y Gaza, en paralelo al Estado de Israel, siendo un pilar fundamental en múltiples iniciativas para resolver el persistente conflicto entre palestinos e israelíes. Es importante recordar que, según las Naciones Unidas, Jerusalén es un punto de encuentro para cristianos, judíos y musulmanes, mientras que Tel Aviv es reconocida como la capital del Estado de Israel.

Volver a plantear la estatalidad de Palestina y su papel central en una solución al conflicto, en un momento en el que parece más difícil llevarla a cabo, parece más una aspiración que una propuesta que refleje la realidad de la zona en conflicto. Si bien es cierto que los palestinos tienen derecho a decidir de manera libre y autónoma tener un Estado propio, también lo es que una "solución" justa y duradera requiere mucho más que la estatalidad de ambas partes. De lo contrario, seguiría siendo una solución simbólica e inaplicable ante la situación actual.

Palestina se presenta como una nación fragmentada en tres partes: Cisjordania, Gaza y los campos de refugiados en los países vecinos, Siria, Jordania y Líbano. En cada uno de estos lugares, el control está en manos de diferentes autoridades. Cisjordania y la ciudad de Ramala están bajo la dominación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y del histórico partido Fatah, mientras que, desde hace más de una década, la Franja de Gaza ha sido administrada por Hamás. Los campos de refugiados palestinos en Siria y Líbano han estado fuertemente influenciados por el régimen sirio de Bashar al Assad y por Hezbolá, que han sido, durante años, defensores de la causa palestina.

La administración territorial de la zona palestina es verdaderamente compleja. Por un lado, Israel sigue considerando la Franja de Gaza y Cisjordania como parte de su territorio, reservándose la capacidad de intervenir en cualquier aspecto de su administración. Sin embargo, desde los Acuerdos de Paz de Oslo de 1993, Israel ha concedido a la Autoridad Nacional Palestina competencias en áreas como educación, salud, políticas sociales, recaudación de impuestos, infraestructuras y la formación de una policía palestina. Esta situación debió haber sido el preludio de un acuerdo final para la creación de dos Estados, lo cual nunca se materializó.

En un momento especialmente complicado, se ha vuelto a plantear el debate sobre la estatalidad palestina y la "solución de los dos Estados". La creación de un Estado palestino en Cisjordania y Gaza, junto con el Estado de Israel, ha sido uno de los pilares de la mayoría de las propuestas para resolver el prolongado e irresoluto conflicto palestino-israelí. Sin embargo, el desenlace del Proceso de Oslo, que para los palestinos (y solo para ellos) que debía resultar en la creación de ese Estado, se desvaneció. Volver a discutir sobre la estatalidad de Palestina y su papel central en una solución al conflicto, en un momento en el que parece más difícil llevarla a cabo, es más bien un sueño inalcanzable. Por lo tanto, insistir en una "solución" justa y duradera requiere mucho más que la estatalidad de ambas partes.

En los análisis realizados durante estos meses de conflicto, se ha ignorado que disponer de un Estado propio es, en primer lugar, un derecho del pueblo palestino, reconocido por la comunidad internacional y reflejado en varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es fundamental recordar que los palestinos son los habitantes originarios del territorio, que fueron desposeídos de sus tierras por el colonialismo británico y el movimiento sionista, y que fueron víctimas de una decisión de partición aprobada por la Asamblea General en 1947, una decisión única entre todos los procesos de descolonización.

Después

Como mencioné en un artículo anterior, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, nos legó la siguiente afirmación: “la civilización nació cuando el primer humano insultó al enemigo, en vez de lanzarle una piedra”. Esta frase ilustra de manera inquietante el contexto actual, caracterizado por la creciente tensión entre diversos líderes políticos, tanto dentro como fuera de Latinoamérica.

Los enfrentamientos entre presidentes, tanto a nivel regional como internacional, plantean, entre otras interrogantes, si estamos retrocediendo a formas primitivas para resolver las diferencias, donde el diálogo y la razón son sacrificados en aras de la confrontación personal y la discordia. Es como si nos encamináramos hacia un escenario donde el lanzamiento de piedras sustituye a la discusión y al intercambio de ideas. Temas relevantes como el desarrollo económico, la erradicación de la pobreza y marginalidad, la gestión de la migración, la inserción en los mercados globales y la lucha contra la creciente influencia de grupos criminales en la sociedad están pasando a un segundo plano, donde las agresiones personales están ganando terreno en las relaciones entre países.

Esto forma parte de lo que se ha llamado “cualquierismo en política”. Cualquiera vale para cualquier cargo en la administración pública, por más inepto que sea. Es una enfermedad muy común en estos días en América Latina en general y en algunos países en particular, tales como Argentina, Venezuela, México, Perú, Ecuador y Colombia. En otras palabras, el folklore político ha establecido su presencia en las distintas sedes de gobierno en muchos países del mundo.

Todo esto es relevante en el caso de la actuación internacional del presidente de Argentina, Javier Milei, quien ha convertido el relacionamiento externo de su país en crisis diplomáticas debido a sus provocaciones verbales. Los estridentes comentarios y provocaciones de Milei contra algunos gobernantes de Latinoamérica, así como de otras latitudes, han roto 200 años de relaciones pacíficas y amistosas entre Argentina y varios países del mundo, como es el caso reciente de España, cuyas relaciones bilaterales se encuentran viviendo uno de sus momentos de mayor tensión de los últimos años.

Cinco elementos han contribuido al deterioro de las relaciones entre Argentina y España; a saber:

1.- El tema ideológico como marco fundamental del comportamiento del presidente Milei, sumado a la inestabilidad de su personalidad.

2.- El malestar que le produjo al Sr. Milei que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por un lado, hiciera campaña en favor del excandidato peronista a la elección presidencial, a través de un video que fue transmitido en Argentina momentos antes de que se realizara la elección, y por otro lado, que no lo felicitara por haber ganado la elección que lo llevó a ser presidente de la República Argentina.

3.- El exabrupto cometido por un miembro del gabinete del señor Pedro Sánchez cuando sugirió, en un acto público, que el presidente argentino, Javier Milei, había consumido drogas. La respuesta oficial de la Casa Rosada apuntó directamente contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez: “El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que recaen sobre su esposa. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país”.

La más reciente visita, no oficial, del presidente argentino a Madrid para asistir a una conferencia de ultraderechistas convocada por el partido español VOX, en esta reunión criticó al presidente del gobierno español y a su esposa, a quien tachó de “corrupta”, en su intervención en ese acto político. Estas declaraciones fu

Para aquellos, que como yo respaldan la creación de un Estado palestino que reconozca a Israel y garantice la paz, algo conocido como la “solución de dos Estados”, es complicado solidarizarnos con manifestantes que además de emplear eslóganes antisemitas, muestran tolerancia hacia el terrorismo.

Más de dos mil estudiantes fueron arrestados en varias universidades de Estados Unidos, en muchos casos por ocupar edificios o interrumpir clases. No obstante, todo parece indicar que esta situación no está atrayendo mucho apoyo en la opinión pública estadounidense, ya que las encuestas realizadas muestran una visión contraria a la que miles de personas afirman a través de medios y redes sociales, culpando exclusivamente a Israel por lo que está sucediendo.

Por el contrario, según una nueva encuesta de Harvard-Harris del Instituto de Política de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, el 80% de los votantes expresan su respaldo a Israel en el conflicto de Gaza, mientras que el 20%, muestra su apoyo a Hamás, el grupo terrorista que desencadenó el conflicto con su ataque del 7 de octubre contra Israel.

En oposición a la especulación de que las manifestaciones antisraelíes podrían restarle gran apoyo juvenil al presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre, esa encuesta de Harvard-Harris reveló que el conflicto entre Israel y Hamás se sitúa en el puesto 15 entre las principales preocupaciones de los jóvenes, por debajo de la inflación y el cambio climático.

Es importante señalar que la mencionada encuesta se realizó en línea, entre 2.300 votantes registrados de distintas edades, etnias, géneros y afiliaciones políticas, para evaluar su reacción a la guerra entre Israel y Hamás.

Mark Penn, codirector de la encuesta, afirmó que “el apoyo a Israel “no ha cambiado” a pesar de los “disturbios en el campus”. Así mismo indicó que las protestas estudiantiles parecen no estar en sintonía con las actitudes públicas, más amplias, sobre Israel, y que la encuesta muestra que los estadounidenses, en gran medida, quieren un alto el fuego en la guerra, y que los rehenes que tomó durante su ataque a Israel, el 7 de octubre, sean liberados.

En el mismo sentido se pronunció la encuestadora Gallup, que indicó en su última encuesta que más del 60% de los encuestados, si bien están en contra de la guerra, no apoyan el atentado realizado por Hamás en octubre del 2023.

Es por ello que esas manifestaciones antisraelíes, realizadas en las principales universidades de Estados Unidos, tienen un efecto contrario al que esperaban sus protagonistas, y más bien perjudican a la causa palestina al hacerse eco de consignas abiertamente antisemitas.

Quizás, esas protestas hubieran sido mucho más efectivas si se hubiesen enfocado en presionar por un alto el fuego y exigir la liberación de los rehenes israelíes que permanecen en Gaza. Ese silencio sobre los crímenes de Hamás hace que muchos lo puedan percibir como cómplices del terrorismo.

Si bien es cierto que es difícil no estar horrorizado por la respuesta ordenada por Benjamín Netanyahu de bombardear todo lo que el ejército encontrara a su paso en Gaza, de forma tan desproporcionada que miles de niños han muerto, otros han quedado mutilados o huérfanos, también lo es negarse a reconocer lo que hizo Hamas para desencadenar lo que está sucediendo. Ello implica estar ante un sesgo que no hace bien, ni a la casa de estudios, donde en principio esos estudiantes se están formando, y tampoco a las verdaderas razones del vergonzoso comportamiento de Israel al matar a tantos civiles palestinos en su persecución a los terroristas de Hamas.

Como se recordará, esa mañana de octubre del 2023, Hamas lanzó un ataque contra 22 comunidades civiles israelíes cercanas a la frontera de Gaza y un festival de música en la que perecieron 1.200 personas y secuestró a 240. Entre las víctimas se encuentran padres fusilados delante de s

Sigmund Freud, venerado como el padre del psicoanálisis y reconocido como una de las mentes más preclaras del siglo XX, dejó una afirmación memorable: “LA CIVILIZACIÓN NACIÓ CUANDO EL PRIMER HUMANO INSULTÓ AL ENEMIGO, EN VEZ DE LANZARLE UNA PIEDRA”. Esta cita resuena de manera particular en el contexto actual, marcado por la escalada de tensiones entre diversos líderes políticos, tanto dentro como fuera de Latinoamérica.

Los recientes desencuentros entre presidentes de la región plantean la preocupante interrogante sobre si estamos retrocediendo a formas primitivas de resolución de conflictos, donde el diálogo y la razón parecen ser sacrificados en aras de la confrontación y la discordia. Es decir, regresando al lanzamiento de piedras, como si no hubiera ideas para discutir.

Es evidente que las discusiones entre jefes de Estado ya no pueden reducirse únicamente a la dicotomía entre izquierda y derecha. Por lo tanto, se hace imperativo abordar temas cruciales relacionados con el desarrollo socioeconómico, la erradicación de la pobreza y la marginalidad, la migración, la inserción en las corrientes comerciales globales, así como la lucha contra la creciente influencia de grupos criminales en la sociedad.

La intensificación de los conflictos y las acusaciones entre los presidentes latinoamericanos se manifiesta sin restricciones, evidenciando una preocupante falta de capacidad para abordar las complejas demandas de las sociedades contemporáneas. Los líderes políticos no dudan en recurrir a la confrontación diplomática y al intercambio de insultos a través de las redes sociales, lo que refleja una alarmante carencia de sentido común y pragmatismo en la esfera pugilística regional.


Estas disputas reflejan, en última instancia, las profundas divisiones ideológicas y la creciente polarización que afecta a América Latina, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional. La falta de experiencia de algunos mandatarios, combinada con discursos de anti-política y confrontativos, ha contribuido al aumento de la tensión diplomática en la región, como lo evidencian los enfrentamientos entre los presidentes de Argentina y Colombia, así como entre Ecuador y México.

Esta escalada de acusaciones, entre la mayoría de los presidentes latinoamericanos, se está intensificando sin restricciones. Es un fenómeno que ya no se limita simplemente a diferencias ideológicas entre izquierda y derecha; ahora implica enfrentamientos directos entre todos los actores políticos, mientras los ciudadanos quedan atrapados en medio de la confrontación.

Según algunos analistas políticos, los constantes choques entre mandatarios de la región tienen su origen en la inexperiencia de algunos de ellos, lo cual es el panorama actual de América Latina, un vecindario que simula un campo de batalla donde las constantes pérdidas de simpatías ideológicas, los triunfos de nuevos autoritarismos de uno y otro lado mantienen en tensión las relaciones diplomáticas.

A mi modo de ver, el cuadrilátero político latinoamericano está conformado de esta manera: Ecuador vs. México, Argentina vs. Colombia, Venezuela, España y Nicaragua vs. Chile, Brasil vs. Argentina, El Salvador vs. Colombia, México vs. Argentina, Argentina vs. el Papa Francisco,Venezuela vs. Guyana, Guyana vs. Colombia, Colombia vs. Israel y todos vs. Venezuela, Nicaragua y Cuba.


La polarización histórica en América Latina, sumada a la llegada de líderes políticos considerados “outsiders”, ha debilitado la capacidad de negociación de las cancillerías generando un clima de confrontación permanente. Si bien en el pasado se han observado oscilaciones entre gobiernos dederecha y de izquierda, en la actualidad se están viviendo liderazgos con posturas diversas, lo que contribuye aún más a la tensión política en la región.

En este contexto, la confrontación entre personalidades políticas está afectando gravemente a toda l

El futuro judicial del expresidente Trump está lleno de incógnitas y mantiene en vilo a la sociedad norteamericana. El momento exacto en que se pueda producir la imputación, o si habrá un eventual arresto, es desconocido para todos.


La decisión que tiene entre manos la Corte Suprema de Justicia es de gran relevancia. No se trata simplemente de cualquier ciudadano común, sino de un expresidente de Estados Unidos y candidato aspirante a repetir para el cargo por el Partido Republicano en las elecciones de noviembre de 2024. Vale señalar que, aunque perdió las elecciones de noviembre de 2020, obtuvo el apoyo de 74 millones de votos populares, mientras que el actual presidente recibió más de 81 millones de votos. Este caudal de votos recibidos convierte a Trump en el candidato más popular del Partido Republicano para las elecciones de 2024.

Desde esa elección, el expresidente no ha dejado de estar presente en el devenir diario de la sociedad con sus declaraciones políticas controvertidas o con sus repetidos deseos de volver a ser presidente en 2024.

Lo que está en juego en el caso que discute la Corte Suprema no son acusaciones de asesinato, sino cuatro presuntos delitos por tratar de alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió frente a Joe Biden. Aunque los jueces se han mostrado escépticos sobre las alegaciones de inmunidad plena de Trump, los conservadores también han mostrado preocupación por el hecho de que un expresidente republicano pueda ser imputado como un ciudadano normal.

El fiscal especial para este caso, Jack Smith, acusa a Trump de cuatro delitos: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles.


Los abogados del expresidente Donald Trump sostienen que “la Constitución estadounidense concede inmunidad al presidente para los actos realizados en el ejercicio de sus deberes oficiales. Si se permite ahora procesar al expresidente Trump, Estados Unidos entraría en una era de ajustes de cuentas en la que un presidente procesa al anterior. Autorizar el procesamiento de un presidente por actos oficiales abriría una caja de Pandora de la que esta nación podría no recuperarse nunca”.

Es precisamente lo que Trump ha prometido hacer contra el presidente Biden si regresa a la Casa Blanca.

La Corte Suprema de Justicia discutirá sobre la inmunidad del presidente en el caso de interferencia electoral que se sigue contra él en Washington. Además, tiene otras dos imputaciones en Florida y Georgia, así como varios litigios civiles e investigaciones en curso. Es importante destacar que el juicio por interferencia electoral no comenzaría hasta que la Corte Suprema no decida sobre la inmunidad.

Trump es el primer expresidente que se enfrenta a cargos penales, por lo que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que la Corte Suprema tiene la oportunidad de pronunciarse sobre esa cuestión en particular.

En cuanto a lo que está por venir para Trump, en la agenda del candidato republicano aún quedan eventos clave, sobre todo en los juzgados, con un total de 34 acusaciones privadas. Ya está en curso su juicio penal por el pago de dinero a la actriz porno Stormy Daniels para comprar, presuntamente, su silencio antes de las elecciones de 2016.


Los jueces podrían simplemente rechazar de plano la demanda de inmunidad o declarar por primera vez que los expresidentes no pueden ser procesados por conductas relacionadas con actos oficiales durante su mandato, pero también hay posibilidades intermedias.

Una de ellas sería dictaminar que los expresidentes conservan cierta inmunidad por sus actos oficiales, pero no absoluta. De ser así, podrían optar por pronunciarse sobre si se da la inmunidad en este caso, pero también podrían, sobre esa base, devolver el caso a la jueza federal T