Pedagogía Económica y Electoral Víctor Álvarez R.

Un cambio de gobierno no garantiza la gobernabilidad poselectoral si lo que sigue es una ola de persecuciones, juicios y condenas contra el gobierno saliente y sus seguidores. La solución del conflicto político venezolano no puede ser un juego suma cero donde el ganador se lo lleva todo y el perdedor lo pierde todo. En caso de un cambio en la Presidencia de la República, el nuevo presidente tendrá que coexistir con una AN, los demás poderes públicos y la mayoría de las gobernaciones y alcaldías que se mantendrán bajo el control del gobierno saliente. Para poder gobernar, el nuevo mando político tendrá que reconocer y cohabitar con su adversario, y hacer posible la cooperación y complementación entre los diferentes poderes públicos y niveles de gobierno.












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El candidato opositor con mayor opción de ganar las Presidenciles del 28-J es quien está llamado a hacerle al gobierno una propuesta realista, pragmática, viable y creíble de convivencia pacífica con garantías de
no persecución. Pero tiene que hacerlo antes de que el miedo se convierta en terror y el TSJ anule la tarjeta de la MUD.









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La viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral hay que comenzar a construirla desde el mismo 29-J y no después de la toma de posesión el 10-E. Al interés nacional le conviene que los actores políticos, económicos y sociales logren unos acuerdos básicos que permitan gestionar recursos para atender las urgencias y prioridades nacionales, y así evitar que al cambio político le siga una ola de protestas y crisis de gobernabilidad, tal como ha pasado en otros países.










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Garantías de no persecución política para facilitar la alternabilidad en el poder

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El Pacto plantea un Programa Básico de Reformas Económicas, Sociales e Institucionales que se puede llevar a cabo en el lapso que va desde la fecha de las elecciones presidenciales hasta la toma de posesión, a
través de una acción conjunta entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. De esta forma, el nuevo gobierno -en vez de heredar un país minado por las tensiones económicas, sociales y políticas-, ganará tiempo al recibir una economía desbloqueada que empieza a ser saneada, un Estado que inicia su proceso de reinstitucionalización y una sociedad desarmada que se pueda gobernar.


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Con base en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Pacto de Convivencia Pacífica plantea claramente que “quedan
exceptuados de la amnistía las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, tal como se establece en el Estatuto de Roma. Estos casos sólo podrán ser juzgados en las instancias de la justicia ordinaria.”

Con las ganancias de Citgo, se propone crear un Fondo de Reparación de Daños a las víctimas del conflicto cuyas compensaciones podrán ser cubiertas con los
rendimientos del Fondo. Su gestión se hará con la activa participación y supervisión de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y las organizaciones de las víctimas del conflicto.



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