Conexión Fiscal inkoo

"En la entrevista con nuestro invitado especial el L.D. y M.D.L. Mario Saucedo Montemayor, Socio Director de la firma legal Santos Saucedo y Presidente de la ANADE Sección Nuevo León, tuvimos la oportunidad de analizar las implicaciones legales que derivan tanto de la declaratoria de “Emergencia Sanitaria”, como de la declaratoria de “Contingencia Sanitaria” prevista en el artículo 42 Bis de la Ley Federal del Trabajo (LFT).



Es un hecho notorio la situación actual que atraviesa el mundo global con motivo de la pandemia por la enfermedad generada por el virus SAR-CoV2 (COVID-19), no obstante que tal situación fue confirmada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 11 de Marzo de 2020.

Sin embargo, las autoridades mexicanas adoptaron la postura por emitir una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, esto es, la suspensión laboral temporal por fuerza mayor no imputable al patrón, a través de la cual se estableció la obligación de conservar las relaciones de trabajo mediante el pago de un salario íntegro a sus trabajadores.

De ahí que varios establecimientos y/o empresas han tenido que recurrir a diversas alternativas laborales para seguir manteniendo las relaciones de trabajo con sus trabajadores y otras más, se han visto en la necesidad de dar de baja a sus trabajadores, ante la falta de insolvencia y liquidez, situación que pone en riesgo los derechos de los trabajadores.

En hora buena, se tocan ciertas recomendaciones que nuestro especialista ha realizado a aquellos patrones que se encuentran en una situación complicada para sobrellevar la paralización a la economía nacional y al mismo tiempo cumplir con sus obligaciones tanto civiles, tributarias e incluso con sus trabajadores."

"En la entrevista con nuestros invitados especiales, el Dr. Jorge Castañeda González y el C.P. y L.D. Luis Fernando Arnaiz Lara, especialistas en la materia legal y fiscal, tuvimos la oportunidad de abordar la situación actual desde una perspectiva crítica y objetiva, fuera del contexto político. Partiendo del Plan de Recuperación Económica con motivo de la Pandemia, presentado por el Ejecutivo Federal, el pasado 05 de Abril de 2020.



Si bien, como parte del plan de reactivación económica en nuestro país, el Gobierno Federal asumió la postura en la que dará prioridad al rescate de los sectores más vulnerables de la población, así también el apoyo a las mico y pequeñas empresas, anunciando un fondo de 25 mil millones de pesos.



Sin embargo, a través de medios de comunicación y redes sociales, se deja entrever el resentimiento social de aquellos sectores excluidos dentro del “Plan de Recuperación Económica”, en ese sentido, en representación del sector empresarial y productivo de nuestro país, el Sr. Carlos Salazar, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCC), alza la voz en defensa de los intereses de los empresarios mediante propuestas de apoyo económico y financiero entre las mismas cámaras empresariales.



Gran controversia se creó ante la solicitud realizada por la iniciativa privada, en el sentido de considerar como parte del plan de recuperación económica, la suspensión en el pago de contribuciones, y su diferimiento, o pago en parcialidades echando mano de la facultad a cargo del Ejecutivo Federal. En entrevista con nuestros invitados especialistas en la materia, se comentó el estado que guarda la demanda de Amparo Indirecto que dio origen al expediente judicial 293/2020 radicado ante el Juzgado de Distrito con residencia en el estado de San Luis Potosí. Un medio extraordinario al alcance de todos los gobernados mediante el cual se reclamó la inconstitucionalidad de la omisión de respetar y acatar el contenido del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de emitir resoluciones de carácter general relacionadas con las acciones de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, en caso de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias."

"En entrevista con nuestro invitado especial, el Lic. Jacob Olvera Zuñiga, especialista en el tema fiscal y financiero, nos comparte sus conocimientos en la materia, partiendo desde el tratamiento fiscal, contable y financiero que se les debe tratar a las operaciones con activos virtuales, así como las medidas y procedimientos mínimos para la identificación y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.



A pesar de que se pueden comprar bienes y servicios con activos virtuales, el Banco Central no busca restringir el uso de tecnologías como registros distribuido o cadena de bloques. Pues, la regulación no impide que otras empresas distintas a las instituciones financieras puedan ofrecer servicios relacionados con activos virtuales, como el caso de servicios de compra y venta, aunque, los tenedores de activos virtuales suelen no gastarlos debido a sus expectativas de ganancias futuras. Es decir, las personas pueden comprar activos virtuales con el fin de venderlos después de un período de tiempo para obtener una ganancia, dándoles un uso similar a un activo financiero sin que este lo sea.

Debido a la facilidad para transferir los activos virtuales a distintos países, así como la ausencia de controles y medidas homogéneas a nivel global para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las personas y entidades que ofrecen la compra y venta de dichos activos, la operación con estos activos representa un riesgo considerable en esta materia.



En México, es muy sencillo adquirir activos virtuales, situación que propicia el involucramiento de recursos de procedencia ilícita, aunado a la afectación al Fisco Federal por la omisión en el pago de contribuciones con motivo de las ganancias que se generaron por la operación de compra y venta del activo virtual.



Las personas que se encuentran en la informalidad, las cuales manejan grandes cantidades de efectivo, tienen la posibilidad desde una transacción electrónica o un depósito a través de una tienda de autoservicio convertir el recurso a un activo virtual mediante transacciones realizadas a entidades jurídicas extranjeras. Ante la ausencia de controles homogéneos, es que se da el riesgo que las operaciones con activos virtuales puedan ser utilizadas para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.



Pues, de ser así, el retorno de esos recursos pudiesen estar disfrazados como un proyecto de inversión extranjera, a través de una empresa de financiamiento colectivo, misma que tiene por objeto participar en diferentes proyectos de inversión, por lo que, bajo una expectativa de riesgo en lavado de dinero, es un ejemplo que al final del día, lleva a cabo la reintegración de aquellos recursos ilícitos a la economía formal.



Ante la necesidad por parte de las autoridades supervisoras e investigadoras en materia de prevención de lavado de dinero en nuestro país¸ se trata de poner especial atención a este tipo de actos u operaciones con activos virtuales, ya que sí bien, constituye una actividad vulnerable, no menos cierto es que sus particularidades permiten ser blanco fácil para convertirse en vehículos que conduzcan a la comisión de actos ilícitos y conductas delictivas., al no existir una regulación específica en materia fiscal, en cuanto al tratamiento fiscal que le corresponde, por lo cual se propicia el escenario para el lavado de dinero y evasión fiscal."

"En entrevista con nuestro invitado especial, el Lic. Jacob Olvera Zuñiga, Ex Delegado de la PRODECON en el Estado de Tamaulipas y Quintana Roo y Director General de Acuerdos Conclusivos en la PRODECON en la CDMX, nos comparte sus conocimientos en el tema financiero y fiscal con respecto a la coordinación interinstitucional que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en materia de PLD.



Las facultades y atribuciones conferidas a esa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se encuentran previstas en el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, entre las cuales, destaca la capacidad técnica para prevenir e inhibir el tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como tales, corrupción, narcotráfico y evasión fiscal, mismas que conllevan a movimientos inusuales de efectivo en nuestro país.



Sus antecedentes tienen un comienzo dentro del ámbito internacional. En el año 1989, se crea el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por países miembros del G7. Hasta el año 2000, México se incorpora a formar parte de este organismo intergubernamental. De ahí, el espíritu internacional que conserva la UIF, el cual va sobre cuestiones de carácter meramente internacionales.



Por lo tanto, sí el bloqueo de una cuenta descansa en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional, su actuación es legalmente válida, así lo ha reconocido jurisprudencialmente la SCJN. Caso contrario, sí el bloqueo de la cuenta deriva de un procedimiento doméstico, es patente la ilegalidad de su actuación, al existir una unidad de inteligencia financiera adscrita a la FGR que cuenta con atribuciones para tales supuestos.



Las autoridades encargadas de la supervisión en el régimen nacional de PLD, atienden a recibir reportes por parte de las entidades financieras y avisos por parte de los sujetos obligados que realicen actividades vulnerables, a fin de provocar alertas las cuales den soporte a la apertura de expedientes en el cual se emite un acuerdo por el cual pasan a ser integrantes de una Lista de Personas Bloqueadas.



Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la SHCP les informe mediante una Lista de Personas Bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La Lista de Personas Bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos u operaciones que pudieran involucrarse recursos de procedencia ilícita, o financiamiento al terrorismo.



Sobre este punto en particular, durante la entrevista se comentaron diversos puntos esenciales, como la inconstitucionalidad de este tipo de actuaciones, al considerarse que las mismas invadían las esferas de competencia, pues, la UIF al ser una unidad administrativa, no tiene atribuciones de autoridad investigadora y persecutora de delitos, tal como el Ministerio Público Federal.



Por último, se señalan de manera subsecuente se todas y cada una de las etapas a desahogar a cargo de las autoridades encargadas de la supervisión, detección y combate al delito de LA/FT, desde el inicio de facultades de comprobación que culminen con la determinación de un crédito fiscal, pasando por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) encargada de la cuantificación de la afectación al Fisco Federal, ya sea por la omisión de contribuciones o bien, con la deducción y/o acreditamiento de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Expediente fiscal que de manera paralela es remitida a la UIF, para que ésta, solicite información financiera a las entidades financieras a través del CNBV, con el propósito de formular querella ante la FGR, y particularmente, a la SEIDO, unidad es