Esta semana quiero hablar de dos temas que, aunque parecen distintos, comparten el mismo hilo conductor: la diferencia entre un sector que se organiza para crecer y uno que crece sin información para el ordenamiento productivo. Empecemos por la integración. Porque creo que es uno de los debates más importantes que nuestra industria todavía no está teniendo en serio. Tras una nutritiva conversación que tuve en Santiago de Chile hace unos días, sostuve que en España, el 63% de la producción porcina opera bajo esquemas de integración vertical (MAPA -Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España). Un país que sacrifica 53,9 millones de cerdos al año y genera cerca de 4,9 millones de toneladas. Es decir, dos de cada tres cerdos que se producen en el tercer mayor productor mundial nacen dentro de un modelo donde alguien más pone los animales, el alimento, la sanidad y el conocimiento técnico, y el productor pone las instalaciones, la mano de obra y el cuidado diario. Y a cambio recibe una renta fija por cerdo producido, más bonificaciones por rendimiento. ¿Por qué funciona? Porque resuelve el problema más antiguo de nuestra industria: la volatilidad. El integrador, normalmente una fábrica de piensos y/o una procesadora es propietario de los animales, abastece el alimento y los medicamentos, y provee asistencia veterinaria. El integrado, el propietario de la granjac, cuida los animales y gestiona la granja con sus trabajadores. A cambio de su trabajo recibe una remuneración fija por cerdo criado, con bonificaciones según índices de conversión, rendimiento y otras primas que dependen del contrato. Cuando el precio del cerdo cae, el productor integrado no quiebra. Cuando el precio del maíz sube, el integrador absorbe el shock. Es un modelo diseñado para que el eslabón más débil de la cadena, la granja, pueda sobrevivir los ciclos sin descapitalizarse. EE.UU. lleva décadas con este modelo. Brasil lo adoptó y hoy tiene el sector exportador más dinámico de América Latina. Países como Canadá también lo han implementado, reconociendo sus ventajas tanto para integradores como para agricultores integrados: reducción de riesgos financieros, mayor eficiencia productiva, acceso a tecnología avanzada y mejor calidad y consistencia del producto final. Y Latinoamérica, en términos generales, todavía no lo ha adoptado como política de estado. Argentina tiene algunos modelos incipientes pero sin marco regulatorio claro. Chile tiene integración en algunas empresas grandes del sector fruticola pero no como política sectorial. Colombia, Ecuador, Perú sin avance significativo en este frente. Y eso tiene consecuencias directas: productores pequeños y medianos que se capitalizan en los ciclos buenos y se descapitalizan en los malos, sin posibilidad de planificar a largo plazo. Industrias fragmentadas que no pueden construir escala ni consistencia de producto. Sectores que crecen en volumen pero no en organización. La integración no es una amenaza para el productor independiente. Es una red de seguridad que le permite seguir siendo productor, teniendo propiedad de su granja, pero con la garantía que cuando el mercado no acompaña, alkí está la integradora que tiene mayor músculo financiero. Lo que en España preservó la propiedad de miles de granjas familiares que de otro modo habrían desaparecido. Ese es el debate que Latinoamérica necesita tener, y necesita tenerlo en las políticas agrarias de Estado. Hoy países como Ecuador, México, Argentina, Colombia y Perú gozan de una gran atomizacón de productores y deben aprovechar ese gran capital social para que se puedan crear nuevos modelos de producción ganadera. Y ahora, Colombia. Porque lo que está pasando allí es urgente. Los precios al productor en Colombia podrían mantenerse a la baja hacia 2026 debido al incremento sostenido de la oferta local, un comportamiento que también se observa en huevo y pollo. A tu lado en el mercado del cerdo, Reinaldo Cubillos
