Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC)

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  1. 01/16/2020

    ÍNDICE SISTEMÁTICO COMPLETO (Resumen por encabezados de toda la Ley)

    [Preámbulo] TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales Artículo 1. Objeto de la Ley. Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. TÍTULO I. De los interesados en el procedimiento CAPÍTULO I. La capacidad de obrar y el concepto de interesado Artículo 3. Capacidad de obrar. Artículo 4. Concepto de interesado. Artículo 5. Representación. Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos. Artículo 7. Pluralidad de interesados. Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento. CAPÍTULO II. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento. Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas. Artículo 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo. Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. TÍTULO II. De la actividad de las Administraciones Públicas CAPÍTULO I. Normas generales de actuación Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Artículo 15. Lengua de los procedimientos. Artículo 16. Registros. Artículo 17. Archivo de documentos. Artículo 18. Colaboración de las personas. Artículo 19. Comparecencia de las personas. Artículo 20. Responsabilidad de la tramitación. Artículo 21. Obligación de resolver. Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver. Artículo 23. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. Artículo 26. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas. Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas. Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo. CAPÍTULO II. Términos y plazos Artículo 29. Obligatoriedad de términos y plazos. Artículo 30. Cómputo de plazos. Artículo 31. Cómputo de plazos en los registros. Artículo 32. Ampliación. Artículo 33. Tramitación de urgencia. TÍTULO III. De los actos administrativos CAPÍTULO I. Requisitos de los actos administrativos Artículo 34. Producción y contenido. Artículo 35. Motivación. Artículo 36. Forma. CAPÍTULO II. Eficacia de los actos Artículo 37. Inderogabilidad singular. Artículo 38. Ejecutividad. Artículo 39. Efectos. Artículo 40. Notificación. Artículo 41. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones. Artículo 42. Práctica de las notificaciones en papel. Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. Artículo 44. Notificación infructuosa. Artículo 45. Publicación. Artículo 46. Indicación de notificaciones y publicaciones. CAPÍTULO III. Nulidad y anulabilidad Artículo 47. Nulidad de pleno derecho. Artículo 48. Anulabilidad. Artículo 49. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos. Artículo 50. Conversión de actos viciados. Artículo 51. Conservación de actos y trámites. Artículo 52. Convalidación. TÍTULO IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común CAPÍTULO I. Garantías del procedimiento Artículo 53. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. CAPÍTULO II. Iniciación del procedimiento Sección 1.ª Disposiciones generales Artículo 54. Clases de iniciación. Artículo 55. Información y actuaciones previas. Artículo 56. Medidas provisionales. Artículo 57. Acumulación. Sección 2.ª Iniciación del procedimiento de oficio por la administración Artículo 58. Iniciación de oficio. Artículo 59. Inicio del procedimiento a propia iniciativa. Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior. Artículo 61. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos. Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia. Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora. Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora. Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Sección 3.ª Inicio del procedimiento a solicitud del interesado Artículo 66. Solicitudes de iniciación. Artículo 67. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Artículo 68. Subsanación y mejora de la solicitud. Artículo 69. Declaración responsable y comunicación. CAPÍTULO III. Ordenación del procedimiento Artículo 70. Expediente Administrativo. Artículo 71. Impulso. Artículo 72. Concentración de trámites. Artículo 73. Cumplimiento de trámites. Artículo 74. Cuestiones incidentales. CAPÍTULO IV. Instrucción del procedimiento Sección 1.ª Disposiciones generales Artículo 75. Actos de instrucción. Artículo 76. Alegaciones. Sección 2.ª Prueba Artículo 77. Medios y período de prueba. Artículo 78. Práctica de prueba. Sección 3.ª Informes Artículo 79. Petición. Artículo 80. Emisión de informes. Artículo 81. Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Sección 4.ª Participación de los interesados Artículo 82. Trámite de audiencia. Artículo 83. Información pública. CAPÍTULO V. Finalización del procedimiento Sección 1.ª Disposiciones generales Artículo 84. Terminación. Artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores. Artículo 86. Terminación convencional. Sección 2.ª Resolución Artículo 87. Actuaciones complementarias. Artículo 88. Contenido. Artículo 89. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. Artículo 90. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores. Artículo 91. Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial. Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Sección 3.ª Desistimiento y renuncia Artículo 93. Desistimiento por la Administración. Artículo 94. Desistimiento y renuncia por los interesados. Sección 4.ª Caducidad Artículo 95. Requisitos y efectos. CAPÍTULO VI. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común Artículo 96. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. CAPÍTULO VII. Ejecución Artículo 97. Título. Artículo 98. Ejecutoriedad. Artículo 99. Ejecución forzosa. Artículo 100. Medios de ejecución forzosa. Artículo 101. Apremio sobre el patrimonio. Artículo 102. Ejecución subsidiaria. Artículo 103. Multa coercitiva. Artículo 104. Compulsión sobre las personas. Artículo 105. Prohibición de acciones posesorias. TÍTULO V. De la revisión de los actos en vía administrativa CAPÍTULO I. Revisión de oficio Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos. Artículo 107. Declaración de lesividad de actos anulables. Artículo 108. Suspensión. Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores. Artículo 110. Límites de la revisión. Artículo 111. Competencia para la revisión de oficio de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado. CAPÍTULO II. Recursos administrativos Sección 1.ª Principios generales Artículo 112. Objeto y clases. Artículo 113. Recurso extraordinario de revisión. Artículo 114. Fin de la vía administrativa. Artículo 115. Interposición de recurso. Artículo 116. Causas de inadmisión. Artículo 117. Suspensión de la ejecución. Artículo 118. Audiencia de los interesados. Artículo 119. Resolución. Artículo 120. Pluralidad de recursos administrativos. Sección 2.ª Recurso de alzada Artículo 121. Objeto. Artículo 122. Plazos. Sección 3.ª Recurso potestativo de reposición Artículo 123. Objeto y naturaleza. Artículo 124. Plazos. Sección 4.ª Recurso extraordinario de revisión Artículo 125. Objeto y plazos. Artículo 126. Resolución. TÍTULO VI. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones Artículo 127. Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley. Artículo 128. Potestad reglamentaria. Artículo 129. Principios de buena regulación. Artículo 130. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación. Artículo 131. Publicidad de las normas. Artículo 132. Planificación normativa. Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos. Disposiciones adicionales Disposición adicional primera. Especialidades por razón de materia. Disposición adicional segunda. Adhesión de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado. Disposición adicional tercera. Notificación por medio de anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Disposición adicional cuarta. Oficinas de asistencia en materia de registros. Disposición adicional quinta. Actuación administrativa de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control autonómicos. Disposición adicional sexta. Sistemas de identificación y firma previstos en los artículos 9.2 c) y 10.2 c). Disposiciones transitorias Disposición transitoria primera. Archivo de documentos. Disposición transitoria segunda. Registro electrónico y archivo electrónico único. Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los procedimientos. Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de los archivos, registros y punto de acceso general. Disposición transitoria quinta. Procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados de la declaración de in

    14 min

  2. 01/16/2020

    ESTRUCTURA

    PREÁMBULO TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales TÍTULO I De los interesados en el procedimiento CAPÍTULO I La capacidad de obrar y el concepto de interesado CAPÍTULO II Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo TÍTULO II De la actividad de las Administraciones Públicas CAPÍTULO I Normas generales de actuación CAPÍTULO II Términos y plazos TÍTULO III De los actos administrativos CAPÍTULO I Requisitos de los actos administrativos CAPÍTULO II Eficacia de los actos CAPÍTULO III Nulidad y anulabilidad TÍTULO IV De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común CAPÍTULO I Garantías del procedimiento CAPÍTULO II Iniciación del procedimiento Sección 1.ª Disposiciones generales Sección 2.ª Iniciación del procedimiento de oficio por la administración Sección 3.ª Inicio del procedimiento a solicitud del interesado CAPÍTULO III Ordenación del procedimiento CAPÍTULO IV Instrucción del procedimiento Sección 1.ª Disposiciones generales Sección 2.ª Prueba Sección 3.ª Informes Sección 4.ª Participación de los interesados CAPÍTULO V Finalización del procedimiento Sección 1.ª Disposiciones generales Sección 2.ª Resolución Sección 3.ª Desistimiento y renuncia Sección 4.ª Caducidad CAPÍTULO VI De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común CAPÍTULO VII Ejecución TÍTULO V De la revisión de los actos en vía administrativa CAPÍTULO I Revisión de oficio CAPÍTULO II Recursos administrativos Sección 1.ª Principios generales Sección 2.ª Recurso de alzada Sección 3.ª Recurso potestativo de reposición Sección 4.ª Recurso extraordinario de revisión TÍTULO VI De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones DISPOSICIONES ADICIONALES DISPOSICIONES TRANSITORIAS DISPOSICION DEROGATORIA DISPOSICIONES FINALES

    3 min

  3. 01/16/2020

    TÍTULO PRELIMINAR - Disposiciones generales (Resumen por encabezados)

    TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales Artículo 1. Objeto de la Ley. Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

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  4. 01/16/2020

    Artículo 1. Objeto de la Ley.

    Artículo 1. Objeto de la Ley. 1. La presente Ley tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. 2. Solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar.

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  5. 01/16/2020

    Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

    Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. 1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende: a) La Administración General del Estado. b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. c) Las Entidades que integran la Administración Local. d) El sector público institucional. 2. El sector público institucional se integra por: a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley. 3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 anterior. 4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.

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  6. 01/16/2020

    TÍTULO I - De los interesados en el procedimiento (Resumen por encabezados)

    TÍTULO I. De los interesados en el procedimiento CAPÍTULO I. La capacidad de obrar y el concepto de interesado Artículo 3. Capacidad de obrar. Artículo 4. Concepto de interesado. Artículo 5. Representación. Artículo 6. Registros electrónicos de apoderamientos. Artículo 7. Pluralidad de interesados. Artículo 8. Nuevos interesados en el procedimiento. CAPÍTULO II. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo Artículo 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento. Artículo 10. Sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas. Artículo 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo. Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados.

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  7. 01/16/2020

    Artículo 3. Capacidad de obrar.

    A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

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  8. 01/16/2020

    Artículo 4. Concepto de interesado.

    1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

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