Dando Caña

De lunes a viernes, Dando Caña, programa de El Toro TV, vuelve para ser el azote a la política, el altavoz de las noticias que otros medios silencian y el espacio de debate que incomoda a las élites. Análisis, debate y actualidad en el programa que no se acobarda.

  1. 22h ago

    Dando Caña | El Gobierno se quita las culpas sobre TOLEDO y DOS años de la DANA | 29/10/2026

    Descargar la responsabilidad en una persona o despachar el siniestro como un simple fallo informático que "pasa a veces", como llegó a deslizar el ministro Puente al referirse a la avería del sistema LZB, ignora deliberadamente cómo funciona la seguridad en el transporte moderno. La investigación no puede cerrarse donde empieza el error individual, porque en la alta velocidad la seguridad no depende de una sola decisión: está diseñada en una compleja arquitectura de capas de protección para garantizar que un fallo puntual jamás termine en una colisión. En Urda falló la primera capa, el sistema LZB que supervisa de forma automática la velocidad del tren. Pero ese fallo no era una sorpresa: la propia operadora Iryo ya había advertido de que las caídas de este sistema provocaban el bloqueo total de sus convoys en el corredor Madrid-Andalucía, dejándolos varados sin posibilidad de moverse de inmediato. Pese a conocer este problema recurrente, Adif dio luz verde para reanudar la marcha. Tampoco funcionaron las capas secundarias de señalización, detección y equipos de respaldo como el ASFA, encargadas de certificar que un tramo de vía no esté ocupado antes de enviar otro tren a la misma zona. No funcionó la primera capa de seguridad. No funcionó la segunda capa de seguridad. Y no funcionó la tercera capa de seguridad. No obstante, la capa crucial que está en el centro de las miradas es la cuarta: los procedimientos y el centro de mando. Cuando cae el sistema de protección automática, los protocolos exigen extremar las precauciones y obligan a circular a «marcha a la vista», sin superar los 40 kilómetros por hora. La gran incógnita que cercana a los responsables del Ministerio es si existían instrucciones continuadas para saltarse este protocolo de seguridad con el único fin de evitar retrasos y maquillar la imagen de Adif, ordenando continuar a 200 kilómetros por hora aunque el LZB estuviera inoperativo. En el último eslabón, la maquinista del Iryo sí decidió cumplir el procedimiento y, al no poder resetear el sistema, detuvo el tren y notificó la situación a Atocha. Pero detrás de ella, siguiendo órdenes y autorizaciones en una vía presuntamente despejada, venía un AVE a 200 kilómetros por hora. Un error humano puede ser parte de un impacto, pero nunca es la explicación completa de una tragedia. Cuando la tecnología falla, los procedimientos flojean y las barreras de contención colapsan una tras otra, las preguntas dejan de apuntar al trabajador de turno y escalan directamente a la cúpula directiva y política. Si la prioridad organizativa fue minimizar las demoras a costa de relajar la seguridad, la responsabilidad de lo ocurrido en Urda no termina en una cabina ni en una mesa de control: recae de lleno sobre el Ministerio de Transportes y sobre la gestión del propio Óscar Puente. Además, Riera hace un repaso sobre los gastos que hace el ministerio de Transportes y rememoramos lo ocurrido en la DANA de Valencia tras cumplirse dos años. En la mesa del análisis: José Ramón Riera, Julio Ariza, Josep Maria Francàs, Isaac Parejo.

    Dando Caña | El Gobierno se quita las culpas sobre TOLEDO y DOS años de la DANA | 29/10/2026
  2. 3d ago

    Dando Caña | CLAVES del pacto PP-VOX y ALERTA ante nuevas protestas en ESPAÑA | 27/10/2026

    El motivo de este entendimiento es eminentemente defensivo y práctico: frenar la maniobra de la izquierda, que a diferencia de la derecha, acude a estas elecciones al Senado con una lista unificada llamada 'Senado de Progreso', en la que se integran el PSOE, Frente Amplio y sus socios. Para entender por qué se produce este acuerdo hay que acudir a la pedagogía del sistema electoral del Senado, que es completamente distinto al del Congreso de los Diputados. Mientras que en el Congreso elegimos listas cerradas de partidos, en la Cámara Alta se vota directamente a candidatos individuales con nombres y apellidos en una papeleta abierta. En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores en total, pero cada partido solo puede presentar tres candidatos y cada ciudadano solo puede marcar hasta tres casillas. Esta estructura otorga una enorme prima al ganador: la lista o el bloque más votado en cada provincia se lleva casi automáticamente tres senadores, mientras que el segundo clasificado se conforma con solo uno. Los partidos que quedan en tercera posición o los que dispersan su voto se quedan directamente sin representación. En las pasadas elecciones de 2023, Vox obtuvo alrededor de 7 millones de votos en el Senado que no se tradujeron en escaños. De cara a esta cita electoral, la división del voto de la derecha amenazaba con dar la primera plaza a la lista conjunta de la izquierda en muchas circunscripciones, lo que hubiese supuesto para el PP pasar de tres a un solo senador por provincia y perder hasta 40 escaños en la Cámara. Para corregir esta aritmética, el acuerdo entre el PP y Vox se ha estructurado en tres fórmulas concretas según la provincia. La primera fórmula se aplica en seis provincias (Valencia, Castellón, Cádiz, Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), donde Vox renuncia a su propia lista e integra a un candidato independiente propuesto por ellos dentro de la candidatura del PP. De este modo se agrupa todo el voto en una misma papeleta para asegurar los tres senadores del bloque. La segunda modalidad afecta a catorce provincias. Aquí Vox no se retira, pero presenta únicamente a un candidato en lugar de tres para no dispersar el apoyo de los electores de derechas. La tercera fórmula se ejecuta en tres provincias, Guipúzcoa, Gerona y Tarragona, donde históricamente al PP le resulta imposible sacar representación. En estas tres circunscripciones el Partido Popular no presenta lista al Senado, dejando el espacio a los votantes que quieran apoyar la opción de Vox. Además, conocemos la última hora sobre Ceuta y las alertas sobre nuevas manifestaciones que plasman la violencia de Francia. En la mesa de 'Dando Caña': María Montero, Ignacio Basco, Arturo Moreno y Pablo Mariñoso.

    Dando Caña | CLAVES del pacto PP-VOX y ALERTA ante nuevas protestas en ESPAÑA | 27/10/2026
  3. 4d ago

    Dando Caña | La DIMISIÓN de Francisco Martín y PP y VOX alcanzan un acuerdo | 26/10/2026

    La polémica estalló a las 5 y 1 minuto de la tarde, justo en el momento en que estaba fijado el cierre oficial de los colegios electorales. En ese instante, el magistrado del Tribunal Supremo, accedió a una petición del equipo de campaña de Lula da Silva y ordenó prorrogar la votación durante dos horas en todo el país. Esta decisión inédita provocó serias irregularidades y confusión: la medida se adoptó cuando el recuento de sufragios ya había comenzado en varios puntos y muchas máquinas de votación ya se encontraban completamente apagadas o clausuradas. Ante este escenario, Flávio Bolsonaro ha anunciado que su formación no reconocerá el resultado de los comicios y solicitará su anulación formal. El candidato del Partido Liberal denuncia la ruptura de la igualdad de condiciones y acusa a las autoridades de haber retirado a los interventores y observadores de su partido del centro de procesamiento de datos a partir del momento en que se decretó la prórroga judicial. A pesar de que el margen final entre ambos aspirantes supera los tres millones de votos, el caudal electoral retenido por la derecha, que roza el 49%, consolida al bolsonarismo como un actor político de primer orden. Más allá de la disputa por las urnas, el verdadero obstáculo para Lula arrancará en la gestión diaria de la gobernabilidad. Además, conocemos la última hora sobre el pacto que PP y VOX han alcanzado para el Senado. En el programa de hoy: Javier Sastre, Miguel Robledo, Josep Maria Francàs y Alejandra Nuño.

    Dando Caña | La DIMISIÓN de Francisco Martín y PP y VOX alcanzan un acuerdo | 26/10/2026
  4. Oct 23

    Dando Caña | La polémica entrevista a Sánchez y la amenaza YIHADISTA a ESPAÑA | 23/10/2026

    El hallazgo de la UCO refuerza la línea de investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, quien ya requirió al PSOE el detalle de todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024. Las pesquisas se centraron en el uso del dinero en efectivo tras las pruebas indiciarias halladas en el caso mascarillas, que dibujaban una ausencia de control sobre la caja de la sede central de Ferraz. En el núcleo de las actuaciones que instruye el juez Moreno está la hipótesis del fraccionamiento de aportaciones o pitufeo. La sospecha conjunta de la Fiscalía Anticorrupción y del instructor es que se utilizaron donaciones privadas para enmascarar pagos procedentes de constructoras a cambio de adjudicaciones de obra pública en la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. El cerco documental de la UCO cobra relevancia al cruzarse con las auditorías del Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador detectó que el PSOE mantenía al cierre de 2020 un total de 295 cuentas bancarias fuera de su contabilidad oficial, con un saldo de 302.189 euros, a las que se sumaron otras 110 cuentas territoriales sin conciliar por un valor superior a los 400.000 euros. En conjunto, el informe reflejó un volumen no controlado superior a los 700.000 euros, fallos sistemáticos en códigos IBAN, cuentas inmovilizadas sin justificación y un incumplimiento en el deber de transparencia sobre donaciones superiores a 25.000 euros. En los procesos de financiación irregular, la prueba documental (las facturas sin soporte, la contabilidad paralela y el efectivo injustificado) suele determinar el recorrido penal. Por este motivo, el análisis del material que faltaba o que figura ilegible resulta crítico para determinar si se incurrió en responsabilidad penal corporativa. De forma paralela, la contabilidad de los servicios jurídicos del partido se encuentra bajo la lupa del magistrado Santiago Pedraz en el denominado caso Leire, donde se investiga si el abono a despachos externos encubrió en realidad pagos a la presunta "fontanera" de la formación para orquestar campañas contra mandos policiales y judiciales. El PSOE ha solicitado a Pedraz un aplazamiento respecto al requerimiento de 48 horas para entregar la información sobre las minutas abonadas entre 2021 y 2025. El partido alega tener sobrecarga por la campaña electoral. En el marco de este mismo procedimiento, Anticorrupción se ha opuesto formalmente a la devolución del teléfono móvil incautado al exjefe de gabinete de Presidencia, Juan Manuel Serrano, al considerar que el terminal contiene información sobre su presunta implicación tanto en las presuntas injerencias judiciales como en la rama de mordidas en empresas públicas. Por el momento, la Audiencia Nacional ha descartado la imputación formal del PSOE como persona jurídica antes de los comicios del 29-N para evitar interferir en el proceso electoral. Además, conocemos las amenazas yihadistas a España y la primera ronda de 'Sánchez: el salón de la vergüenza'. En la mesa del análisis: Álvaro Ballarín, Javier Pérez, Josep Maria Francàs y Enrique Calvet.

    Dando Caña | La polémica entrevista a Sánchez y la amenaza YIHADISTA a ESPAÑA | 23/10/2026
  5. Oct 22

    Dando Caña | Incógnitas por la 'LEY DE NIETOS' y la economía en declive con SÁNCHEZ | 22/10/2026

    La decisión del Supremo no es una mera sugerencia ni un borrador sujeto a interpretación; hablamos de una orden ejecutiva para depurar un censo inflado mediante la polémica instrucción de Sofía Puente, hoy bajo la lupa judicial en el Juzgado 35 de Madrid por presunta prevaricación. Sin embargo, a las puertas de las elecciones del 29-N y con los plazos electorales al límite, el departamento que dirige Albares se ha limitado a desplegar una táctica de arrastre de pies. El ministro ha dejado pasar el tiempo deliberadamente sin mover un solo dedo para que la resolución judicial sea efectiva. Tras la manga ancha en los consulados para conceder la nacionalidad mediante una interpretación que desbordaba el espíritu de la ley, Exteriores alega ahora falta de capacidad para desgajar quiénes son legítimamente descendientes de exiliados y quiénes se beneficiaron del coladero administrativo. Una imposibilidad fabricada. Ante este bloqueo, la reacción de la oposición no se ha hecho esperar. Con el envío de un burofax fulminante, el Partido Popular ha fijado un ultimátum a las autoridades consulares, avisando de que la resistencia a cumplir lo dictaminado por el Alto Tribunal traspasa el ámbito administrativo para adentrarse de lleno en el terreno penal. Y en esa cadena de mando, la responsabilidad no se detiene en los escalones técnicos: señala directamente a Albares, advirtiéndole de que su pasividad activa lo sitúa más cerca del banquillo que de un perfil institucional impecable. Además, conocemos qué ocurre una vez ha quedado suspendida la 'ley de nietos' de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre y cómo el 'Sanchismo' ha dejado a España. En la mesa del análisis: Miguel Ángel Durán, José Ramón Riera, Julio Ariza, Josep Maria Francàs y Roberto Marín.

    Dando Caña | Incógnitas por la 'LEY DE NIETOS' y la economía en declive con SÁNCHEZ | 22/10/2026
  6. Oct 21

    Dando Caña | SUSPENDIDA la 'Ley de nietos' y Trump contra la inmigración de España | 21/10/2026

    El Tribunal Constitucional es una corte de garantías de naturaleza estrictamente política y de extracción parlamentaria. Bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, esta institución ha culminado una deriva insostenible hasta convertirse en un órgano totalmente politizado y alineado al servicio de las necesidades políticas e institucionales del Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en una resolución redactada por el magistrado Manuel Marchena y suscrita por la presidencia de la Sala, ha puesto blanco sobre negro el avasallamiento al que está siendo sometido el Poder Judicial. Si bien el Alto Tribunal ha acatado la resolución dictada en favor de los dirigentes separatistas, lo ha hecho acompañando el fallo de un durísimo alegato en defensa de su soberanía jurisdiccional. Los magistrados de la Sala Segunda han sido tajantes al denunciar la "extralimitación" del Constitucional, acusando al bloque mayoritario del TC de invadir el ámbito de interpretación de la legalidad ordinaria que la Constitución de 1978 reserva en exclusiva al Supremo en su artículo 123. La mutación del Constitucional en una improvisada casación de última instancia no solo quiebra la separación de funciones diseñada por los constituyentes, sino que pervierte las reglas fundamentales del propio recurso de amparo. Como resalta el propio Supremo, calificar la interpretación de 14 magistrados de la Sala Penal como carente de "sentido común" o de "lógica" no representa otra cosa que un intento de camuflar, mediante una "innecesaria grandilocuencia", la intensidad de una injerencia sin precedentes. La detonación pública de este conflicto coincide de lleno con un calendario en el que el Constitucional delibera sobre sobre la ley de nietos. La apelación apresurada de Cándido Conde-Pumpido solicitando "respeto" para la jurisdicción constitucional suena a un mero ejercicio de cinismo retórico. Es difícil reclamar el respeto a la independencia de los jueces cuando el propio Tribunal Constitucional ha roto con su jurisprudencia histórica, desoyendo el deber de contención argumental que le impone su propia Ley Orgánica, con el único fin de socavar la función del Supremo y dar cobertura jurídica a las exigencias políticas del Gobierno de turno. Conocemos también la decisión final del Tribunal ante la 'Ley de nietos' y descubrimos las numerosas cargas policiales en el acto de VOX. En la mesa del debate: Ignacio Hoces, Luis del Pino, Marcos de Quinto y Carmen Lovelle.

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