Una coalición de 25 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, demandó al Gobierno de Donald Trump por los nuevos aranceles de entre 10% y 12,5% aplicados a 60 socios comerciales. Los estados sostienen que la Casa Blanca está utilizando el trabajo forzoso como pretexto para recuperar una política arancelaria que ya fue cuestionada por los tribunales. La ofensiva comercial de Donald Trump vuelve a tener un frente abierto en los tribunales de Estados Unidos. 25 estados, prácticamente todos gobernados por demócratas, demandaron este lunes 3 de agosto al Gobierno federal para intentar frenar los nuevos aranceles impuestos por la Administración republicana a decenas de socios comerciales. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos y sostiene que el presidente se está excediendo en sus atribuciones al utilizar una normativa comercial para imponer gravámenes de alcance global. Los estados cuestionan, en particular, que la Casa Blanca haya utilizado las denuncias de trabajo forzoso en las cadenas internacionales de suministro como fundamento para aplicar nuevos impuestos a las importaciones. Los aranceles, anunciados el 23 de julio y vigentes desde el 24, establecen tasas de entre 10% y 12,5% sobre productos procedentes de 60 economías, entre ellas la Unión Europea, China, Canadá, México, Colombia y otros importantes socios comerciales de Washington. Leer tambiénVuelve la guerra de aranceles: lo que hay que saber de la medida de Trump y cómo amenaza a la economía de EE. UU. La Administración Trump sostiene que esos países no cuentan con medidas suficientes para impedir la entrada o circulación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. Pero para los estados demandantes existe una desconexión entre esa justificación y la amplitud de las medidas. En sus argumentos, afirman que no existe una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzoso y la imposición de aranceles generalizados. Según la coalición, las investigaciones realizadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la USTR fueron un intento de construir una justificación legal para recuperar la estrategia arancelaria de Trump. Una política arancelaria que resucita La disputa actual es el último capítulo de una batalla comercial que comenzó prácticamente con el regreso de Trump a la Casa Blanca. El 2 de abril de 2025, el presidente anunció los llamados aranceles del “Día de la Liberación”, con una tasa base del 10% y gravámenes mucho mayores para determinados países. En el caso de China, llegaron a superar el 120% durante la escalada comercial. Trump presentó la estrategia como una herramienta para corregir lo que considera décadas de relaciones comerciales desfavorables para Estados Unidos. Sin embargo, esa primera estructura arancelaria terminó enfrentándose a los tribunales. En febrero de 2026, la Corte Suprema determinó que la ley de poderes económicos de emergencia utilizada por Trump, conocida como IEEPA, no le otorgaba autoridad para imponer esos aranceles de manera tan amplia. La Administración buscó entonces otra vía. Sustituyó temporalmente aquellos gravámenes por un arancel global del 10%, esta vez basado en la Sección 122 de la Ley de Comercio, una disposición que permite establecer determinadas restricciones comerciales durante un periodo limitado. Ese mecanismo expiró el 24 de julio. Y prácticamente al mismo tiempo que desaparecía ese arancel, entraba en vigor el nuevo esquema basado en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta norma permite responder a prácticas comerciales que Washington considere injustas o discriminatorias, pero tradicionalmente ha sido utilizada para medidas más específicas. Leer tambiénEl Gobierno Trump impone nuevos aranceles a 60 economías por supuesta negligencia ante el trabajo forzado ¿Aranceles inmortales? Para la Administración republicana, la nueva estructura es jurídicamente distinta de los aranceles que fueron anulados y responde a investigaciones realizadas por la USTR sobre las políticas de 60 economías frente al trabajo forzoso. Para los estados demandantes, en cambio, se trata de una nueva vía para llegar prácticamente al mismo resultado: mantener una barrera arancelaria amplia sobre las importaciones estadounidenses. La estrategia encaja además con la política comercial que Trump ha defendido desde el inicio de su segundo mandato: utilizar los aranceles como mecanismo de presión para obtener concesiones de otros gobiernos. El presidente ha argumentado que Estados Unidos ha sido perjudicado durante décadas por sus socios comerciales y que los gravámenes pueden utilizarse como una herramienta de negociación. La nueva batalla judicial enfrenta así dos interpretaciones de la misma política. Para Washington, la Sección 301 ofrece una base legal diferente y respaldada por investigaciones sobre prácticas comerciales consideradas injustas. Para los 25 estados, esas investigaciones fueron apresuradas y sesgadas y constituyen, según sus alegatos, un intento de reconstruir mediante otra norma el esquema arancelario que los tribunales ya habían cuestionado. Leer tambiénTrump activa aranceles del 25% contra Brasil y desata tensión comercial Con información de Reuters y AFP.
