Que el gobierno de Paz pretenda legalizar los “chutos” ya es el colmo. Durante la campaña sonaba casi anecdótico, pero ahora el problema revela una magnitud tremenda y muchas aristas. Evidentemente, esto se conecta de forma directa con la devaluación, la crisis energética y el déficit fiscal. Primero, el incremento en la demanda de gasolina resulta doblemente crítico en el contexto actual, siendo que Bolivia ya es importador neto de combustible y subsidia esa gasolina. Más autos legalizados significan más presión sobre el subsidio y sobre las reservas, justo cuando el país menos puede permitírselo. Luego, como política fiscal, es una medida que genera ingreso por única vez, pero incrementa el gasto estructural en subsidios de forma permanente. Abarca más de 500.000 vehículos indocumentados —según el diputado Seas, de Libre, autor del proyecto—, con ingresos estimados en hasta $6.000 millones. Es una cifra casi diez veces superior a las reservas internacionales líquidas actuales ($671 millones), lo que explica la gran tentación fiscal del gobierno en plena crisis de escasez de dólares. Pero es una tentación perversa: se trata de la “legalización de lo ilegal”. La Fiscalía admitió una denuncia penal contra Morales, Argollo y Salazar por los 50 días de bloqueo, ¿pero premia a quienes ingresaron vehículos indocumentados de manera irregular al país? Una contradicción más entre las miles que se acumulan en los interminables ocho meses que Paz lleva en el poder. Y la magnitud de la ilegalidad es mucho mayor si se toma en cuenta que, como es bien sabido, muchos de esos vehículos no solo entran al país ilegalmente, sino que además llegan mediante el intercambio con el narcotráfico, pues son parte de la economía de trueque del contrabando y la droga. Nacionalizarlos equivale pues a que el Estado ratifique y monetice toda una cadena económica ilícita. Por si fuera poco, el gobierno, vía Espinoza, condiciona su respaldo a que no se nacionalice nada “que provenga de lo ilegal o de hechos ilícitos” — excluyendo formalmente vehículos robados o vinculados a delitos, pero la distinción es prácticamente inaplicable en la realidad. Un vehículo “chuto” internado por redes de contrabando desde la frontera con Chile ya es producto de una cadena delincuencial, aunque no tenga una denuncia de robo específica registrada. La cláusula de exclusión es cosmética — permite al gobierno afirmar que “no legaliza lo ilegal” mientras hace exactamente eso. En el fondo, todo esto ilustra cómo la improvisación y la desesperación por huir hacia adelante, en vez de asumir responsabilidades y plantar cara a los problemas, hacen que una medida fiscal de corto plazo se presente como solución pragmática cuando en realidad profundiza simultáneamente las tres enormes dimensiones de la crisis estructural: erosión institucional, refuerzo de la economía ilícita y presión sobre la posición energética y cambiaria. Todo en una sola política. _______________ Encuéntrame en más redes: Web: http://riosmauricio.com X/Twitter: https://x.com/riosmauricio https://www.linkedin.com/in/riosmauricio/ Facebook: https://www.facebook.com/riosmauriciocom Patreon: https://patreon.com/riosmauricio
