En el primer año de su segundo mandato, el gobierno estadounidense de Donald Trump sancionó a cinco jueces y tres fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), incluido el principal Kharim Khan. "Un ataque contra el estado de Derecho", condenó Naciones Unidas. "Estados Unidos no puede pretender intimidar a un sistema de justicia de vocación universal y vulnerar la independencia de los jueces creyendo que vamos a ceder por estos actos de violencia', dice a RFI la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez, una de las sancionadas Las sanciones se extienden a la familia de los jueces de la CPI e incluyen pérdida de la visa estadounidense, la tarjeta de crédito e imposibilidad de realizar transacciones en las que el dólar esté involucrado. "El único fin es ejercer el poder del más poderoso, intimidar y atacar a quien creen que va a ceder por estos actos de violencia. Es injusto, inmerecido y arbitrario", afirma, en entrevista con Radio Francia Internacional, la jueza peruana de la CPI sancionada por Estados Unidos, Luz del Carmen Ibáñez Carranza. RFI: “Estados Unidos ha sido claro en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por nuestra soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI”, declaró el Gobierno Trump al anunciar las medidas punitivas que la convirtieron a usted en una de las juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) sancionadas. "La jueza más perseguida del mundo. Yo he desempeñado mis funciones judiciales, como jueza y antes como fiscal, de manera independiente e íntegra. Y todo lo que me ocurrió alguna vez en mi carrera profesional, como las terribles sanciones, acosos y ataques que hoy vengo sufriendo por el desempeño de mi función, me honran, son condecoraciones por mi actuar y por defender el Estado de Derecho internacional y la justicia bien hecha, que son las bases de la paz. Estoy en la Corte Penal Internacional (CPI) porque siento que mi misión es administrar justicia para las víctimas más vulnerables del mundo entero. Y así lo sienten también mis colegas". RFI: Recordemos que la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, de la que usted es jueza, es un tribunal de última instancia que se rige por el Estatuto de Roma y su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer los crímenes más graves en el mundo. "Así es. Hoy son 125 los miembros de la Asamblea de Estados partes. Es decir, tenemos jurisdicción territorial en 125 países sobre los crímenes más atroces que conmueven y afectan a la humanidad: el crimen de guerra, el crimen de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de crímenes que es el crimen de agresión con las muy diversas modalidades consagradas en el Estatuto". RFI: En 2025, el gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente republicano Donald Trump, la sancionó a usted, jueza Ibáñez Carranza, junto a otros cinco colegas suyos y a tres fiscales de la CPI, incluyendo el fiscal principal, Karim Khan. ¿Por qué? "Las sanciones comenzaron hace cuatro años o cinco con el inicio de las investigaciones contra el prmer ministro de Israel, B. Netanyahu y su ministro de defensa Yoav Gallant. Se emitieron sanciones contra la fiscal de la CPI, la señora Fatou Bensouda, que ya no está. A eso le siguieron sanciones contra el fiscal que le sucedió a ella, Kharim Khan, y contra los dos fiscales adjuntos. Finalmente, Estados Unidos impuso sanciones diplomáticas y de carácter económico a tres jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares que abrió la investigación preliminar en el caso del señor Netanyahu y su entonces ministro de Guerra por crímenes atroces cometidos en el territorio de Palestina, donde la Corte tiene jurisdicción territorial. En junio del año pasado, se supo que la administración Trump había ampliado estas sanciones contra tres juezas de la Sala de Apelaciones, entre las que me encuentro yo, pero no por Israel, sino por el caso Afganistán". Sancionada por E.E.U.U..tras investigar los crímenes de los talibanes RFI: Al anunciar estas sanciones referidas al caso israelí, el comunicado del Departamento de Estado en Washington dijo que “La Corte constituye una amenaza para la seguridad nacional y ha servido como instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado, Israel”. Sin embargo, el caso suyo está más ligado a su accionar como jueza frente a Afganistán. "Sí. En el año 2019, la Sala de Apelaciones, con cinco miembros de la cual yo fui parte, emitió una decisión autorizando en apelación la investigación sobre crímenes atroces cometidos en territorio de Afganistán asociados al conflicto, sin importar quién haya sido el perpetrador. Podrían ser fuerzas estatales, fuerzas talibanas, fuerzas extranjeras holandesas, francesas, norteamericanas. No importaba porque lo importante es que los crímenes se cometieron en el territorio afgano. No hubo en ese entonces, ni hay en la actualidad, ninguna investigación contra un ciudadano norteamericano. Más bien, esta investigación ha servido para que hace seis meses atrás la Corte Penal Internacional emitiera órdenes de arresto contra el jefe del Estado talibán y el jefe de la justicia talibana que son enemigos de Estados Unidos". Entonces yo vengo siendo sancionada por ayudar a Estados Unidos a que pida la rendición de cuentas de sus enemigos. En fin. Yo no conozco sus bases para opinar lo que opinan y, por supuesto, que como Estado libre y soberano puede opinar lo que quiera. Lo que Estados Unidos no puede pretender es intimidar al atacar un sistema de justicia que tiene vocación universal y a través de estas medidas pretender vulnerar la independencia de los jueces para que actúen o no conforme a lo que ellos piensan que es correcto. Y eso no se va a poder, porque el sistema de Roma está compuesto por jueces no solamente altamente capacitados, sino por profesionales de la más altísima calidad moral y valores democráticos, requisitos indispensables para su elección de acuerdo al artículo 36 del Estatuto de Roma. Y nosotros sabemos por qué estamos aquí. Las sanciones se extienden a la familia de los jueces RFI: ¿En qué consisten concretamente las sanciones impuestas por Estados Unidos y cómo afectan su vida? "Retiro de visas para entrar a Estados Unidos. No poder realizar ninguna transacción donde el dólar esté involucrado o las compañías que prestan el servicio tengan su base o relación alguna con los Estados Unidos, que vienen siendo casi todas las compañías financieras alrededor del mundo. En concreto, para mí, ha significado perder la tarjeta de crédito porque, si bien es cierto que el banco que presta esta tarjeta está basado en Holanda, hay un “Over compliance “pues está aterrorizado porque, como se lee en la orden ejecutiva, se sancionaría también a todo aquel que preste ayuda al sancionado. Yo no he podido enviar dinero a mi país a través de Western Union para el mantenimiento de mi casa en Perú y se han quedado con mi dinero sin ninguna explicación. Simplemente no llegó y no me lo devolvieron. Mas aún, las sanciones se extienden a la familia de los jueces. Y ahí es donde viene el problema mayor. A mi hija, una abogada internacionalista, también le han retirado la visa y la tarjeta de crédito.Hasta las cuentas Google, los emails, etcétera, le han quitado. Es increíble porque ella ni vive conmigo, ni trabaja conmigo, ni tiene nada que hacer con la CPI. Las mismas medidas se las han impuesto a los familiares de mis colegas, a sus esposos, partners, madres, hasta a las ex esposas quienes, por recibir pensión, las han ubicado también como candidatas a recibir sanciones. Entonces, a razón de qué abusiva y arbitrariamente afectan a las familias? El único fin es ejercer el poder del más poderoso, intimidar y atacar a quien creen que va a ceder por estos actos de violencia. Esto no solamente es injusto, es totalmente inmerecido y es arbitrario". Abandonada y desprotegida por el Estado peruano RFI: Usted ha dicho "yo soy no solamente sancionada, sino perseguida". ¿En qué consiste esta persecución? "Según nos informaron los abogados que visitaron la Corte el año pasado, y que son norteamericanos, para emitir una sanción de esta naturaleza existe el requisito previo de una declaratoria de emergencia nacional por parte del Estado estadounidense que diga que la Corte afecta a sus ciudadanos - esto no lo declara el presidente sino el Congreso-. Al parecer no ha habido ese requisito. Por lo tanto esta orden ejecutiva estaría en el aire por no cumplir los requisitos". "Pero, más allá de eso, esto tiene el efecto multiplicador de intimidar a los países de origen de los jueces. Al parecer el Estado peruano cree que se va a poner en problemas con Norteamérica si me apoya o me protege como es su obligación. No solamente no me protege, sino que ha comenzado a implementar una serie de actividades para deslindarse de mi persona, como si yo no fuera peruana. Lo percibí a través de mis colegas sancionados a quienes, en sus países, por ejemplo, los bancos ni siquiera querían darles una audiencia para conversar con ellos. Esto me está pasando también en mi país". Ibáñez, la Fiscal que condenó a la cúpula de Sendero y altos mandos miilitares y de inteligencia RFI: Usted tuvo por décadas una experiencia notable como fiscal en Perú. Entre otros muchos casos prominentes, fue la fiscal del caso contra Abimael Guzmán, el ex líder de Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua en 2005. ¿Qué otros casos llevaron usted en Perú? "Ejercí por 35 años como fiscal en mi país y los últimos 15 años estuve dedicada enteramente a crímenes de terrorismo, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos en un sistema especializado que se creó en el país. Además de ser fiscal superior y de juicio, fui la fiscal nacional, coordinadora y articulador
