Carlos Vargas, especialista en derecho internacional, analizó en el programa Replicante con Mario Flores todos los detalles sobre el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios políticos de Morena. El abogado explicó que el gobierno mexicano constantemente exige “más pruebas”, a pesar de que México cuenta con dos marcos normativos claros: la Ley de Extradición Internacional y el Tratado de Extradición con Estados Unidos. Ambos establecen que se deben seguir estrictamente los procedimientos. Vargas detalló que la solicitud de los fiscales estadounidenses no es un trámite sencillo. Se trata de una carpeta de investigación elaborada durante meses, con un profundo análisis. Presentan audios, videos, testimonios y otras evidencias sólidas, ya que la legislación norteamericana es extremadamente estricta en estos casos. La Fiscalía de Brooklyn es la que formula la petición formal y solicita la medida cautelar para iniciar el proceso. El abogado desglosó punto por punto los cargos que Estados Unidos imputa al gobernador Rocha Moya y a otros funcionarios de Morena. Además, aclaró que cuando un delito se comete en territorio mexicano pero genera efectos o afecta directamente a Estados Unidos, la extradición es plenamente procedente. “Se debió proceder a la detención desde el momento en que se recibió la solicitud formal, pero el gobierno mexicano se ha negado”, señaló Vargas. Esto genera la percepción de que se está protegiendo o escondiendo algo, sobre todo porque incluso en gobiernos priistas se enjuiciaba a militantes de su propio partido. El abogado concluyó que México enfrenta una situación histórica sin precedentes, cuyas consecuencias afectarán a todo el país. Estados Unidos tiene la percepción de que el narcotráfico ha permeado los niveles más altos del gobierno mexicano. El abogado Carlos Vargas analizó en el programa Replicante con Mario Flores todos los detalles sobre el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios políticos de Morena. Explicó que el gobierno mexicano constantemente exige “más pruebas”, a pesar de que México cuenta con dos marcos normativos claros: la Ley de Extradición Internacional y el Tratado de Extradición con Estados Unidos. Ambos establecen que se deben seguir estrictamente los procedimientos. Vargas detalló que la solicitud de los fiscales estadounidenses no es un trámite sencillo. Se trata de una carpeta de investigación elaborada durante meses, con un profundo análisis. Presentan audios, videos, testimonios y otras evidencias sólidas, ya que la legislación norteamericana es extremadamente estricta en estos casos. La Fiscalía de Brooklyn es la que formula la petición formal y solicita la medida cautelar para iniciar el proceso. El abogado desglosó punto por punto los cargos que Estados Unidos imputa al gobernador Rocha Moya y a otros funcionarios de Morena. Además, aclaró que cuando un delito se comete en territorio mexicano pero genera efectos o afecta directamente a Estados Unidos, la extradición es plenamente procedente. “Se debió proceder a la detención desde el momento en que se recibió la solicitud formal, pero el gobierno mexicano se ha negado”, señaló Vargas. Esto genera la percepción de que se está protegiendo o escondiendo algo, sobre todo porque incluso en gobiernos priistas se enjuiciaba a militantes de su propio partido.El abogado concluyó que México enfrenta una situación histórica sin precedentes, cuyas consecuencias afectarán a todo el país. Estados Unidos tiene la percepción de que el narcotráfico ha permeado los niveles más altos del gobierno mexicano.
