Hasta hace una semana nadie conocía a María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba setenta años viviendo de alquiler en un piso junto al parque del Retiro en Madrid. Su padre firmó el contrato en los años cincuenta con el régimen de renta antigua, que permitía prorrogarlo indefinidamente a precios prácticamente congelados. El contrato pasó a su madre y después a ella, pero una reforma de los años noventa limitaba esa última subrogación a dos años, de modo que llevaba casi dos décadas extinguido. Tras recorrer todos los tribunales, el Supremo dio la razón a los propietarios y la semana pasada fue desahuciada. Su nombre se convirtió de inmediato en consigna política. El día del desahucio miles de personas se concentraron ante el portal, el sábado una gran manifestación recorrió el centro de Madrid y el domingo la Puerta del Sol amaneció llena de tiendas de campaña con una escenografía que evoca deliberadamente al 15-M. Los acampados exigen al consejo de ministros un decreto que congele los alquileres y Podemos pide expropiar cientos de miles de viviendas a lo que llama fondos buitre. Pero Maricarmen no ha sido víctima de ningún fondo buitre, tampoco del libre mercado, sino de su ausencia. La renta antigua fue el experimento de control de alquileres más largo de la historia de España y dejó un parque envejecido, edificios que nadie tenía incentivo para rehabilitar y un mercado de alquiler raquítico. Lo que hoy se reclama en Sol es, en el fondo, una versión actualizada de aquel sistema de alquiler franquista. Pero, dejando el caso Maricarmen a un lado, el malestar por los precios de la vivienda tiene razón de ser. Comprar un piso exige casi una década de salario bruto, los precios suben a ritmos que no se veían desde antes de la crisis y la propiedad entre los menores de 35 años se ha desplomado a mínimos históricos en solo quince años. La causa principal es la escasez de vivienda. Cada año se forman bastantes más hogares de los que se construyen, el déficit acumulado supera ya el medio millón de viviendas y la población, que roza los 50 millones, crece a gran ritmo sin que nadie haya previsto dónde alojarla. Ante un problema de escasez, cualquier medida que reduzca la oferta lo agrava. Los topes de precios no crean viviendas, la inseguridad jurídica frente a la okupación y la inquiokupación empuja a muchos propietarios a dejar los pisos vacíos, y las restricciones al alquiler de temporada no devuelven esas casas al alquiler ordinario, todo lo contrario, las sacan del mercado. La vivienda turística, chivo expiatorio favorito del Gobierno, apenas representa una fracción mínima del parque. A ello se suman una fiscalidad que penaliza la compraventa y la obra nueva, un planeamiento urbanístico rígido y lento en un país donde sobra suelo, y una regulación financiera que desde la crisis de 2008 dificulta los préstamos a promotores y cooperativas. Allí donde se han retirado obstáculos, como en la Comunidad de Madrid con la conversión de oficinas en vivienda o en Baleares con sus proyectos residenciales estratégicos, los resultados han llegado con rapidez. La solución no pasa por repartir a la fuerza lo que escasea, sino por hacerlo menos escaso. Eso significa liberar suelo, agilizar trámites, simplificar normas, aligerar impuestos y devolver la seguridad al arrendador. Nada de ello exige incautar la propiedad ajena, solo voluntad política para renunciar a controlar el mercado de la vivienda. La crisis de la vivienda no es un producto del mercado, sino de la intervención y el precio lo pagan aquellos a quienes se dice proteger. En La ContraRéplica: 0:00 Introducción 4:02 Maricarmen y el precio de la vivienda 33:51 ¿Y si Marruecos invadiese Ceuta y Melilla? 40:15 Los fondos buitres 48:05 La vivienda social en Holanda
