Grandes Reportajes de RFI

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"Grandes reportajes de RFI", un programa que permite, detrás de las noticias, explorar un tema, un lugar, una problemática. Con nuestros reporteros en el mundo entero.

  1. 5d ago

    Trump y el costo electoral de los aranceles que asfixian a las pequeñas y medianas empresas

    Las quiebras de las pymes en EE. UU. aumentaron un 67 % interanual en el primer trimestre de 2026 según la consultora Epiq Global. Es un dato preocupante para las aspiraciones electorales de los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato. Los efectos internos de las políticas migratoria y arancelaria, sumada al histórico aumento de los combustibles, por la guerra contra Irán, están lastrando las ambiciones del republicano para sus dos últimos años de mandato. Para las pequeñas y medianas empresas, la situación se vuelve insostenible. RFI habló con algunos de ellos en Arlington, Virginia. Jessica Córdova es co-dueña del restaurante mexicano Cafecito, en Arlington, Virginia, a las afueras de la capital estadounidense. Los pequeños negocios como el de ella generan la mitad de los empleos en Estados Unidos, según el Departamento de Trabajo. Sin embargo, el alza en la inflación derivada de los aranceles está limitando su capacidad de operar el negocio. “El aumento de los precios, directa e indirectamente, nos pega muchísimo. Nos han estado pegando mucho porque, si bien no estamos importando nosotros de países latinoamericanos, pues toda la compra que hacemos es local. Pero la compra local no significa que realmente se haga aquí. Nos acaba de llegar esta semana dos correos de nuestros principales proveedores diciéndonos que, a partir de ya, hay un nuevo incremento de entre un 6 y un 10% en todos nuestros productos. Obviamente ellos también han venido absorbiendo los sobrecostos; y como ya no pueden seguir absorbiéndolos, entonces nos los están pasando a nosotros. Y eso complicado”. Jessica ha tenido que reducir las horas de empleo a su personal en el restaurante y hacer otros ajustes para confrontar las presiones económicas. “Me hace falta comprar equipo y todo, entonces no nos hemos querido meter en préstamos justamente por la incertidumbre. Pero sí, o sea, inevitablemente con nuestros precios vamos a tener que hacer un pequeño ajuste”, explica. A pesar de que las empresas pequeñas latinas crecen a una tasa anual promedio de un 7,7%, para José Arturo Encarnación, socio de Jessica en Cafecito, los planes de expansión están suspendidos por ahora. “Quisiéramos abrir una segunda ubicación, un segundo negocio, el próximo año. Pero, de momento, en estos tiempos tan inciertos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pasos porque un paso en falso nos puede llevar a una quiebra”, subraya. En Estados Unidos hay cerca de 5 millones de empresas latinas que se concentran en los sectores de la construcción, restaurantes y servicios, sectores muy vulnerables a los cambios económicos. “No me gustaría ser negativo, pero en los pequeños y medianos negocios en estos momentos somos muy susceptibles a que en cualquier momento pueda haber un cierre total, ya que, de no haber mano de obra disponible, de que los precios sigan aumentando y de que nosotros no podamos ofrecer productos en un rango de precio adecuado, entonces los clientes simplemente no van a venir”. Todos los negocios sufren por igual. Rebecca y Eva Saint Clair son dueñas de Princess Awesome, una empresa que importa tela de varios países y hace vestidos para mujeres y niñas. “Hay gente que se ha casado con nuestros vestidos. Eso es increíble”, dice Rebecca. Las dos forman parte de la iniciativa Pequeñas Empresas contra los Aranceles, que aboga por eliminar este impuesto a la importación de al menos un 10% a la mayoría de productos que entran a Estados Unidos. “Estamos pagando mucho más por los mismos productos que seguimos vendiendo prácticamente al mismo precio que antes. Yo me pago menos dinero, y la gasolina ahora cuesta 4,50 dólares. Así que sí, sin duda estábamos mejor hace dos años”, nos explica Rebecca Saint Clair. Desde la mesa de su cocina, que también es el centro de operaciones, Rebecca dice que, además de ser injusto, es ilegal y por eso impusieron una demanda contra los aranceles del gobierno de Trump. La Corte Suprema de Justicia falló a su favor. “Creo que la estrategia económica de Trump consiste en dar recortes de impuestos a los multimillonarios y no subir los impuestos a nadie más. Así que se reponen mediante aranceles. No lo sé, pero realmente espero que quien llegue al poder dentro de dos años elimine esos aranceles, porque van a arruinar a las pequeñas empresas. Si el país necesita ingresos, hay otras maneras de obtenerlos, además de imponer aranceles a las pequeñas empresas”, agrega Rebecca Saint Clair. Para Eva Saint Clair, cofundadora de Princess Awesome, no se puede guardar silencio frente a las decisiones comerciales arbitrarias de Donald Trump. “Lo que más me ha deprimido en los últimos 18 meses ha sido ver a muchas empresas grandes y pequeñas que se niegan a pronunciarse por temor a las represalias de la administración Trump. Y eso es vergonzoso. Pero, de nuevo, no pueden auditar a todo el mundo. Así que, si todos alzan la voz, ¿a quién van a perseguir? Todo el mundo está furioso con los aranceles. Si tienes un negocio, estás furioso con los aranceles, así que di algo”, sostiene El contrapeso que se puede hacer a los aranceles desde el Congreso será clave, dice Eva Saint Clair. “El año pasado dediqué muchísimo tiempo al Congreso y a defender a las pequeñas empresas, y eso es lo que seguiremos haciendo, porque no hay mucho más que podamos hacer. Podemos elegir representantes que voten como queremos. Podemos hacer todo lo posible por gestionar nuestros costos y recursos, pero nuestro lema es que luchamos donde podemos luchar y aquí es donde podemos luchar”, precisa. Para estas empresarias, además del costo económico de los aranceles, los constantes cambios regulatorios hacen que sea difícil planificar, incurriendo en altos costos logísticos y legales. “Lo más difícil ha sido el caos que se ha generado en los últimos dos años. No se sabe cuánto va a costar todo ni de qué país procede. Y los precios pueden cambiar de una semana a otra. Eso ha sido lo más complicado de navegar. Así que, pase lo que pase en el futuro, incluso si nos aplican aranceles del 100% a todo, al menos lo sabríamos”, dice Eva Sait Clair. Sin embargo, el presidente Trump afirma en sus alocuciones en televisión que los aranceles están trayendo prosperidad e inversión histórica para el país. Y es que ofrece excepciones de aranceles a las empresas extranjeras y países que decidan invertir en montar en suelo americano fábricas de producción de los bienes que importan. A este propósito el presidente Trump manifestó: “He conseguido una inversión récord de 18 billones de dólares en Estados Unidos, lo que significa empleos, aumentos salariales, crecimiento, apertura de fábricas y una seguridad nacional mucho mayor. Gran parte de este éxito se ha logrado mediante aranceles. Mi palabra favorita: aranceles, que durante muchas décadas otros países han utilizado con éxito contra nosotros, pero ya no. Las empresas saben que, si construyen en Estados Unidos, no hay aranceles y por eso están regresando a Estados Unidos en cifras récord”. Trump impuso tres rondas de aranceles globales justificadas por el déficit comercial, la seguridad nacional y el abuso laboral de algunos países. Sin embargo, la Corte Suprema invalidó las dos primeras rondas y obligó a devolver 166 mil millones de dólares. Esta disputa legal ha generado mucha confusión entre empresarios. Así lo afirma Kimberly Daniels, fundadora de la consultora mercantil Logistics e intermediaria comercial aprobada por Estados Unidos. “La intervención del gobierno conduce al corporativismo y a todo tipo de males. Así, tenemos empresas que se han consolidado a lo largo de 30 años y que ahora se ven completamente confundidas y no saben qué hacer en los próximos dos años. Lo que funcionó ayer no funciona hoy y probablemente no funcionará mañana. Así son las cosas ahora, en este nuevo mundo en el que vivimos”, dice Daniels. Kimberly, que también hace parte de la iniciativa Pequeños Negocios en contra los Aranceles, recomienda asesorarse en medio de tanto cambio regulatorio y evitar importar productos a suelo estadounidense. “A cualquiera que esté empezando en esto le diría: no lo hagan, simplemente no lo hagan. No es el momento. Es un mal momento. Hoy mismo recibí un correo de una empresa totalmente nueva con sede en China que quiere importar mil contenedores al mes a Estados Unidos. Y mi respuesta es: no lo hagan, simplemente no lo hagan”, dice Kimberly Daniels. Los constantes cambios en los aranceles y la regulación aduanera hacen difícil mantenerse dentro del marco legal y, según Kimberly, el panorama se hace cada vez más sombrío. “Sinceramente, en el peor de los casos, y ya lo he dicho un par de veces, nos convertiremos en una especie de Corea del Norte, la Corea del Norte de Norteamérica. La verdad, creo que eso irritará y enfurecerá a tanta gente que simplemente dirán: "¿Sabes qué? Ya no queremos saber nada de su economía. No vamos a perder más el tiempo con ustedes", apunta Kimberly Daniels. Aranceles, inflación y guerra en Irán, principales dificultades para los republicanos Sobre las consecuencias que pueda tener esta situación en las elecciones de medio mandato, fuimos a entrevistar a Abel Núñez, quien dirige “Carecen”, una ONG que impulsa los derechos y los emprendimientos de los latinos en Washington. Según él, los aranceles, la inflación y la guerra en Irán, que afecta los precios de la energía, terminarán afectando a los republicanos en las elecciones de medio mandato. “No, disculpa por la puerta cerrada. Es que ahorita, por el ICE, no la dejamos abierta”, nos dice Núñez al llegar. “No han entrado aquí ni nos han visitado, pero ahora no se sabe. Ahorita hasta a los clientes les decimos que nos llamen si tienen cita para nosotros abrirles la puerta porque, s

  2. Oct 2

    El lucro migratorio: ¿quiénes ganan con la ofensiva jurídica a migrantes en EE. UU.?

    ¿Cómo ha logrado Donald Trump rozar el récord de 51 mil inmigrantes detenidos en el mes de agosto y deportar a mil inmigrantes cada día, incluso a más de 25 mil a terceros países? ¿Quién se beneficia con la industria de detenciones y deportaciones?  Reportaje realizado en el marco de Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de expulsiones de la administración de Donald Trump. Una investigación de RFI y 25 medios del mundo, liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas)  Angélica Pérez, enviada especial a Estados Unidos y El Salvador  “Nos trajeron esposados de manos y pies. Para ir al baño o comer, uno hacía como podía”, relata David Hernández. Es martes 12 de mayo y acaba de aterrizar en el aeropuerto internacional de El Salvador, tras soportar más de seis horas de vuelo junto a otros doscientos compatriotas deportados desde EE. UU.    Semanas atrás, había sido arrestado en Dallas (Texas) por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el brazo armado de la política anti inmigración del presidente Donald Trump. La familia no supo de su paradero durante varios días hasta que lograron localizarlo a 800 kilómetros de distancia en el Centro de Detención del Oeste de Tennessee (Mason), una prisión federal gestionada por la mega empresa privada CoreCivic. Presionado por las condiciones del encierro y por los agentes de inmigración, optó por firmar su propia expulsión. David entró legalmente a EE. UU. en 2018 y tenía un permiso de trabajo vigente junto a un proceso de asilo abierto para regularizar su situación. Pese a ello, fue expulsado a El Salvador donde lo espera el régimen de excepción vigente desde 2022, un modelo de seguridad que Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian por sus detenciones masivas y arbitrarias, torturas y otros malos tratos en detención, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso. “Me pidieron firmar unos documentos, pero me negué. A medianoche me sacaron de un condado de Luisiana en Estados Unidos y me trasladaron a República Democrática del Congo (RDC). Como no podían devolverme a Colombia, buscaron un tercer país y me mandaron aquí, sin mi consentimiento ni autorización de un juez de inmigración”. Tras 25 horas de vuelo, amarrados de cintura, manos y pies, José Palencia y otros quince latinoamericanos aterrizaron en el aeropuerto de Ndjili, en Kinsasa, el 17 de abril de 2026. Llegaban expulsados por la administración de Donald Trump en virtud de un acuerdo opaco alcanzado con el gobierno de RDC para enviar al país africano a personas de otras nacioalidades deportadas por Estados Unidos.   José había sido detenido por el ICE y enviado a una prisión en el estado de Luisiana a pesar de contar con la protección de la Convención contra la Tortura (CAT), alivio migratorio que prohíbe a un Estado expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro país donde existan razones fundadas para creer que su vida o integridad correrían peligro.    En su informe “En medio de la noche, vienen y te llevan”, Human Rights First revela que la administración de Trump ha trasladado por la fuerza al menos a 310 personas con “Withholding of Removal” (suspensión de expulsión por orden de un juez estadounidense) y protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT) a 15 terceros países, incluidos algunos de los lugares más peligrosos del mundo. La historia de David, —salvadoreño de 25 años a quien encontramos en el Centro de Recepción de Migrantes en la colonia La Chacra de San Salvador— y de José —colombiano ubicado por RFI en un hotel de la capital de RDC, bajo vigilancia policial y a miles de kilómetros de sus países de origen— son el reflejo crudo de la maquinaria de persecución migratoria del gobierno de Donald Trump, episodio 2.   ►► Escuche el gran reportaje "Ofensiva jurídica de Trump contra los migrantes, el gran negocio para el oligopolio carcelario privado".      Los testimonios que recogimos de inmigrantes arrestados y deportados, con el respaldo de expertos, autoridades y archivos documentales y digitales, dejan al descubierto que detrás de la promesa de Donald Trump de realizar la mayor deportación en la historia de EE. UU., se esconde un agresivo rediseño institucional que convierte al Estado en una corporación y al inmigrante en una mercancía. El plan transfiere totalmente el control migratorio al oligopolio carcelario privado. De esta forma, se desmantelan las funciones sociales del Estado y se consolida la lucrativa industria del confinamiento y la expulsión masiva. Para ello, se ha implementado una ofensiva jurídica -en varias ocasiones calificada de ilegal por los tribunales – dirigida a criminalizar la inmigración irregular, que en realidad es una falta administrativa y no un delito penal. La ofensiva jurídica silenciosa "David me cuenta que también hay criminales, que los reclusos no son solo inmigrantes indocumentados y que los tratan muy mal. Él está muy enfermo y no lo ha atendido un médico".  Es lunes 4 de mayo de 2026. Hace cinco meses que  Isabel lucha dede Mineápolis por sacar a su esposo José David Ochoa Aguilar del Centro de Detención del Condado de Torrance en Nuevo México, una prisión operada por CoreCivic, la segunda empresa de cárceles privadas en EEUU.  A pesar de estar en proceso de ajuste de estatus por su matrimonio con una ciudadana estadounidens— Isabel—, este  salvadoreño fue arrestado el 9 de enero de 2026 por el ICE durante Metro Surge, la brutal operación antiinmigrantes en Minnesota. Esta pareja ha sido blanco de una ofensiva jurídica que, aunque menos ruidosa que esas redadas de comienzos de 2026 en las que cayó José David, igualmente busca masificar las detenciones de inmigrantes y prolongar su cautiverio para desgastarlos y acorralarlos. La estrategia es inducirlos mientras están bajo arresto a firmar su propia repatriación o, si el derecho internacional no lo permite, deportarlos a uno de la treintena de países con los que se han suscrito contratos para recibir en su territorio a inmigrantes no originarios de dichas naciones. La clave de la estrategia reside en una interpretación inédita de la ley de Inmigración por parte de la administración Trump. Durante treinta años, la detención obligatoria y sin derecho a fianza se aplicó exclusivamente a personas capturadas al intentar cruzar la frontera de forma irregular. Sin embargo, la actual Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó que dicha medida se aplica a todo inmigrante que haya entrado al país de manera irregular en cualquier momento de la historia. De esta forma, incluso quienes llevan años residiendo en el país o se encuentran en trámites de regularización mediante matrimonio con ciudadano (a) estadounidense, demanda de asilo o visas T y U. son detenidos sin derecho a fianza y, en la mayoría de los casos, expulsados del país. "Esto es demasiado difícil: tener que dejar a mis hijos pequeños, a mi esposa y a mis padres ancianos y enfermos. Yo soy el único sustento económico de toda la familia. He intentado hacer todo bien en este país. ¿Qué voy a hacer en El Salvador si allá no tengo nada?". Todo lo que José Mariano Vásquez tiene está en EE. UU., a donde llegó siendo un adolescente que huía del yugo de las pandillas salvadoreñas. Es miércoles 6 de mayo de 2026, un juez de inmigración de Mineápolis acaba de denegarle la solicitud de asilo y de ordenar su expulsión inmediata del país sin darle  posibildad de responder a los cargos. Tras ocho años de espera en los tribunales, el juez le otorgó un plazo mínimo para apelar. José Mariano tiene permiso de trabajo, es dueño de un restaurante y paga sus impuestos sin falla, pero el juez basó su decisión en una infracción por conducir bajo los efectos del alcohol hace un par de años,  Menos de un 1% de peticiones de asilo están siendo aprobadas por esta administración, lamenta su abogada Gloria Contreras. El mismo día que asumió su segundo mandato, Donald Trump prohibió las solicitudes de asilo en la frontera, medida que tras una batalla judicial fue respaldada por la mayoría conservadora de la Corte Suprema. Además, eliminó el programa CBP One de su antecesor —que permitía ingresar al país con permiso de trabajo mientras se resolvía el caso en las cortes— y canceló el estatus legal de más de 900,000 beneficiarios, convirtiéndolos en blanco de detención y deportación. Dos meses después, creó la aplicación CBP HOME que consiste en la firma de la propia expulsión con un estímulo de 2600 dólares para el inmigrante detenido que se acoja.  Al menos 135 jueces de inmigración —empleados administrativos del Poder Ejecutivo de libre nombramiento y remoción— han sido destituidos desde enero de 2025, según denunciaron relatores de la ONU en julio. Los datos públicos revelan que la gran mayoría concedían asilo con una frecuencia superior al promedio nacional. Como parte de la ofensiva jurídica, los tribunales del Quinto Circuito (Texas, Luisiana y Misisipi) y del Octavo Circuito (estados del Medio Oeste) han acogido la política del gobierno federal de detención estricta y obligatoria sin derecho a fianza. Los inmigrantes detenidos por el ICE son trasladados sistemáticamente a prisiones en estos estados.  Además, la administración Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para una docena de nacionalidades, afectando a más de un millón de personas que provenían de países inseguros debido a guerras o desastres naturales y dejándolas en riesgo de enfrentar un proceso de deportación en la corte de inmigración. Desde septiembre de 2026, el localizador en línea de ICE dejó de mostrar a los inmigrantes con una orden final de deportación, incluyendo a aquellos protegidos por la Retención de Deportación o la Convención c

  3. Sep 28

    La Argentina de Milei: una economía a dos velocidades

    El gobierno de Javier Milei apuesta al crecimiento impulsado por sectores primarios, como la minería y la energía, a los que busca incentivar con beneficios especiales. Pero la contracara es que otras áreas de la economía se paralizan o contraen y la histórica matriz productiva del país sufre un rediseño profundo, que ya impacta en la vida de los argentinos. En este Gran Reportaje de Radio France Internacional, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, explora el tema. A unos 15 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires la planta de neumáticos Fate está en silencio. Ya ni siquiera tiene el gran cartel con su nombre sobre la fachada, lo retiraron. Fate cerró en febrero de 2026, tras más de 80 años de operaciones en Argentina, argumentando que no podía sostenerse frente a la competencia de los neumáticos importados. "La verdad que, nada, fue un balde de agua fría, llegar y ver que estaban todos con candado, donde pusieron un cartel de que no podíamos entrar más", recuerda Pablo Olivera, que llevaba 12 años como operario en la fábrica. "Imaginate que yo tenía una vida de rutina organizada, donde todos los días mis hijos iban al colegio, yo llevo a mi nene, Joaquín, al más chico al club, a entrenar, como que todo eso se me desarmó y, bueno, obviamente que pasó esto", lamenta.  Ahora está cobrando un fondo de desempleo de 300.000 pesos por mes, equivalentes a unos 200 dólares, una sexta parte de lo que ganaba en la fábrica. Desde el cierre, Pablo Olivera y varios de sus compañeros están acampando en la puerta de la planta. Justo al lado de la reja de la fábrica montaron una suerte de gran tienda de campaña, algunas carpas, y organizan comidas y hacen guardias. Piden ser reincorporados y aseguran que la fábrica puede seguir operando. Mientras dentro de la tienda de campaña se prepara el almuerzo, Pablo Olivera está sentado en un espacio donde antes había un alambrado, detrás de él están las grandes naves de la planta. "Yo digo, acá, justamente donde estamos nosotros, acá hay un alambre. Esto divide la fábrica de lo que es la parte de afuera, ¿no? Esto estaba todo, obviamente, estaba el alambre acá y cuando pasó todo, bueno, nosotros saltamos el alambre. Y yo digo que en mi vida hay un antes y un después de este alambre, donde yo, para mí, nunca pensé llegar a estar acá y menos en esta situación, obviamente", explica.  Más de 30.000 empresas cerraron desde que Milei llegó al poder  El caso de Fate, afectada especialmente por la apertura de las importaciones que decidió el gobierno, no es único. Desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó al poder, hasta mayo de 2026, cerraron más de 30.000 empresas, un 6% del total del país. Entre los sectores con más pérdidas está el manufacturero que es, además, un importante generador de empleo. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el empleo asalariado privado registrado se redujo en más de 240.000 trabajadores, según datos oficiales. La industria manufacturera fue en la que más puestos se perdieron: más de 85.000 empleados fabriles quedaron sin trabajo. Para el presidente Javier Milei, todo esto es parte de un proceso de destrucción creativa, que llevará a una transformación virtuosa de la economía argentina. Así lo dijo en un discurso que dio a fines de abril pasado. "La transición, ustedes están teniendo cambio tecnológico, están teniendo liberación de rendimientos crecientes, tienen cambio de precios relativos, va a haber reasignación de recursos. Va a haber sectores que les va a ir mejor y hay sectores que les va a ir peor. Los que se les va peor si no se adaptan, quiebran", advirtió entonces el presidente.  Pero no todos leen el fenómeno de igual forma. "Que solamente estén cerrando los que no supieron adaptarse es falso", denuncia Guido Zack, director del área de economía del centro de pensamiento Fundar. "Hay algunos que tienen la eficiencia suficiente para competir, pero el modelo macroeconómico de estabilización que eligió el gobierno los saca del mercado justamente por estos costos en dólares elevados y estos costos en pesos que no bajan. Entonces, el costo en dólares subió, el costo en pesos no bajó, y a eso le agregamos la apertura de la economía, y las empresas dicen abrí la economía, pero no inclines la cancha a favor de las importaciones, porque estamos haciendo una apertura de la economía con la cancha inclinada al revés", analiza Zack.  En este contexto, cierran miles de empresas, la inversión total de la economía argentina cae, se contrae el consumo masivo, y crece la morosidad de las familias. El crecimiento del PIB crece gracias al sector agropecuario, la minería y la energía Sin embargo, al mismo tiempo se está dando una consolidación de sectores primarios, como el agropecuario, la minería y la energía. De hecho, su fortaleza está impulsando el crecimiento del producto bruto interno y de las exportaciones. Entre esos sectores están los beneficiados por políticas específicas, particularmente el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones, o RIGI, una norma que le otorga beneficios cambiarios, tributarios y jurídicos a quienes comprometan grandes desembolsos.  "Ya por sus resultados presentes, estamos ante la política de desarrollo más eficaz del siglo", así hablaba el propio presidente Milei del RIGI en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de 2026. "Es la vocación de esta gestión transformar al RIGI no en una excepción, sino en una política de Estado que nos convertirá en el país más atractivo de la región para invertir", agregó.  Hasta fines de agosto los proyectos aprobados en el RIGI sumaban promesas de inversión por más de 46.700 millones de dólares. El auge de la minería: una proyección de 25.000 millones de dólares de exportación  El sector que más proyectos ha presentado al RIGI es el minero, que espera despegar en los próximos años, dice Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. "Nosotros estimamos que para el 2034-35 Argentina esté en el orden de los 25.000 millones de dólares de exportación para la minería, lo cual significa estar mucho más cerca de lo que exporta el agro", vaticina Cacciola.  Aunque históricamente el principal generador de divisas en Argentina ha sido el complejo agroexportador, la energía, beneficiada por el régimen de incentivos, y de la mano de Vaca Muerta, segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y cuarta de petróleo, se le acerca cada vez más. Tan es así que en 2026 el petróleo crudo superó a la harina y pellets de soja como principal producto de exportación, si bien todo el complejo agroexportador sigue siendo líder en ventas al exterior. La minería espera seguir el mismo camino que la energía, impulsada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Roberto Cacciola, de la cámara minera, espera que en menos de diez años se multipliquen varias veces los 1.300 millones de dólares de inversión que el sector tuvo en 2025. "Las definiciones más fuertes de inversión van a empezar paulatinamente. Yo creo que los años más fuertes van a ser entre 2028 y 2030 estabilizándose en una meseta para llegar a esa cifra que hoy conocida ronda los 40.000 millones de dólares y con la posibilidad de que haya otros RIGIs adicionales que se presenten", analiza.  "¿Para qué queremos los dólares si no para generar empleo?" La coexistencia de sectores que se fortalecen, como el energético y el minero, y otros que se contraen, como el industrial, está creando lo que algunos denominan una economía de dos velocidades, pero Guido Zack, del centro de pensamiento Fundar, disputa esa lectura. "Eso no es lo que está pasando en Argentina. En Argentina hay algunos sectores que crecen y que están creciendo fuerte, pero hay otros sectores que están cayendo. Son más que dos velocidades, son dos economías en una o una economía partida en dos. Y además se da la particularidad que los sectores que crecen aportan dólares a la economía, cosa muy necesaria, pero no empleo, cosa casi más necesaria que los dólares. ¿Para qué queremos los dólares si no para generar empleo?", se pregunta Guyido Zack.  Se está dando, por otra parte, una informalización del empleo en Argentina. Personas que tenían trabajos en relación de dependencia, pasan a trabajar por su cuenta. "Y dependía en lo económico sobre todo que era un laburo estable. Y era el sustento de mi hogar", comenta José Orellano mientras maneja su viejo Ford Fiesta.  Está circulando por la zona de la fábrica de Fate, en la que fue operario durante 14 años. Ahora trabaja por su cuenta, en aplicaciones de transporte de pasajeros y de reparto de mercadería. "Y aparte yo tengo una hija con parálisis cerebral y dependía de la obra social. Su bienestar, su salud, su vida depende de la obra social, por todos los gastos que tengo con ella", afirma.  Dos trabajos para sostener a una familia  La obra social de la que habla José Orellano es la cobertura de salud que le daba el empleo formal, algo de todo lo que perdió con el cierre de la fábrica de neumáticos. "Esto es horrible. Estoy haciendo dos trabajos para poder sostener algo del gasto diario de la casa. Porque tampoco es rentable tener que estar arriba de un auto 10, 12 horas manejando para por lo menos llevar la comida", se queja.  Orellano realmente no se esperaba lo que ocurrió. "Veía que la situación del país estaba mal con el gobierno nuevo, pero nunca pensé que una empresa como Fate iba a cerrar", reconoce.  Este cambio abrupto de una vida previsible y ordenada es un fuerte sacudón para las familias, no solo en lo económico, sino también a nivel emocional. En el acampe de Fate, Pablo Olivera, el primer exoperario de la planta con el que hablamos, siente que son pocas las oportunidades que puede tener

  4. Sep 25

    El Salvador, deportados y muertos bajo custodia del Estado

    José Emilio Canizales es uno de los prisioneros fallecidos bajo el régimen de excepción, tras ser deportados desde EE. UU. y detenidos en El Salvador. Esas personas murieron sin haber tenido un debido proceso ni recibir condena; sus vidas dependían por completo del Estado. Reportaje realizado en el marco de Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de deportaciones de la administración de Donald Trump. Una investigación de RFI y 25 medios del mundo, liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas)  Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador —¿Aló? ¿Eres la hermana de José Emilio Canizales? — Sí —respondí, y yo pensé: “Me lo van a dar mañana, me van a decir que vaya a traerlo”.   — Lamentamos informarte que acaba de fallecer. La voz al otro lado del teléfono le informó a Mónica que debía recoger el cuerpo de su hermano en la morgue de San Salvador, a dos horas de camino desde su casa en el cantón La Noria. — ¿Por qué? —pregunté. Y me cortaron.   En el dictamen médico forense adscrito al Instituto de Medicina Legal de El Salvador reza que José Emilio Canizales Villalta murió en el Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla La Libertad, el 30 de noviembre de 2023, “a raíz de un edema agudo de pulmón, causa preliminar sujeta a estudios complementarios”. Mónica no confía en el diagnóstico científico de la muerte de su hermano: “Mi hermano estaba enfermo de los riñones y no de los pulmones. Al menos me hubieran dicho que murió por insuficiencia renal; estaría más tranquila”. El hermano de Mónica fue deportado desde Estados Unidos y es uno de los más de 400 detenidos fallecidos bajo custodia del Estado salvadoreño durante los últimos cuatro años que el país ha permanecido bajo régimen de excepción. Cerca del 40 % de los casos se ha utilizado el edema pulmonar como causa genérica de la muerte, afirma René Valiente, director de investigación en Cristosal, la principal ONG humanitaria de El Salvador, que fue obligada recientemente al exilio. Valiente explica que, a veces, los médicos registran el edema pûlmonar solo como causa preliminar porque faltan estudios para determinarla de forma definitiva. “Hemos identificado casos en los que los restos de las personas presentan laceraciones en el cuerpo, señales inequívocas de tortura o de golpes que nos hacen pensar que no es del todo precisa esa causa de muerte”. Estos hallazgos concuerdan con los testimonios recabados por Cristosal de personas liberadas que denuncian la existencia de torturas en el sistema penitenciario salvadoreño. La responsabilidad del Estado José Emilio Canizales es uno de los cinco casos documentados por Cristosal de salvadoreños deportados desde EE. UU., capturados al aterrizar en el aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y fallecidos en las cárceles en medio de la opacidad que caracteriza al régimen de excepción.    “Las familias no saben ni siquiera de qué se les imputaba, ni en qué estado se encontraban los procesos, si es que había procesos, ni a cuáles tribunales acudir”, subraya Valiente. Sobre la muerte de José Emilio, el investigador resalta que los documentos oficiales dejan un registro de una muerte natural, pudiendo insinuar con ello que no es responsabilidad del Estado. “Sin embargo, la obligación del Estado es todavía mayor respecto de estas personas que son más vulnerables. Y el Estado sabe que han entrado al sistema penitenciario con enfermedades crónicas que requieren atención”, precisa. Detenido en aislamiento El 7 de agosto de 2023, tres meses antes de su muerte, José Emilio fue deportado desde Estados Unidos, pese a estar en proceso de solicitud de asilo. Mónica y su mamá fueron a recibirlo al aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero. Pero no pudieron reunirse con él. “Yo nunca había ido al aeropuerto. Lo primero que hice fue preguntar por mi hermano en la estación de policía y si iba a quedar detenido. Me aseguraron que no y me dijeron que siguiera el bus en el que iban todos los deportados para su registro en el Centro de Atención al Migrante”. Mas de una hora de ruta en vano. Mónica y su mamá no encontraron a José Emlio en el centro donde se registra a los recién deportados, conocido como "La Chacra".  En realidad, sí había sido capturado en el mismo aeropuerto.  Después de mucho buscarlo, lograron ubicarlo en el penal de Quezaltepeque, en La Libertad, convertido durante el régimen de excepción en “hospital” a donde son remitidos los detenidos con padecimientos o enfermedades. La familia fue privada de todo contacto con José Emilio. No es un caso excepcional. Desde que se impuso la medida en 2022, el gobierno ordenó aislamiento estricto y encierro permanente de los detenidos en centros penales. La única vez que lo vieron fue a través de un video de la Fiscalía. “Estaba agachado, esposado y con mascarilla. Y se leía Penal de Quezaltepeque. “Lo mostraban como un pandillero de la Mara 18 de Zacatecoluca. Mintieron”, asegura Mónica. Según ella, su hermano fue detenido en Zacatecoluca por haber sido arrestado en el aeropuerto internacional del El Salvador y trasladado a la estación de policía de ese municipio. “Mi hermano no era de Zacatecoluca como dijeron en el video. Nunca habia estado ahi antes. Nosotros hemos vivido siempre acá en el Cantón La Noria, municipio Jiquilisco, departamento de Usulután”. Caza de brujas. Opción: Estados Unidos En 2017, José Emilio fue detenido durante una redada de la policía salvadoreña contra las maras o pandillas. No obstante,  fue puesto en libertad sin cargos 72 horas después al demostrarse que era inocente. En marzo de 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele puso a El Salvador bajo régimen de excepción como respuesta a los homicidios perpetrados por los pandilleros. La medida se ha transformado en una política permanente de encarcelamiento masivo y suspensión de todos los derechos constitucionales. “Cuando impusieron el régimen de excepción no dijeron que todo el que había estado preso sería detenido automáticamente. Anunciaron que se iba a encarcelar solamente a los pandilleros. Y todos estuvimos de acuerdo porque se trataba de criminales”.   Un año después de entrar en vigor el régimen de excepción, habían sido detenidas 67.000 personas, muchas de ellas de forma arbitraria. Relatores de la ONU, exhortaron a El Salvador a garantizar que las personas no sean arrestadas sin autorización legal suficiente, por la simple sospecha de pertenecer o estar asociadas con una pandilla. También alertaron de que las medidas vigentes “amenazan con criminalizar a las personas que viven en las zonas más empobrecidas y que han sido blanco de pandillas en el pasado”. “Mi hermano entró en pánico cuando vimos que se llevaban a gente inocente sin autorización legal ni derecho a juicio. Entonces nos dijo: 'No quiero estar acá porque voy a ir preso a pagar algo que no debo, que no he hecho'. Y se fue para Estados Unidos". José Emilio fue detenido en EE. UU. por entrar de manera irregular y deportado a su país. En enero de 2023 volvió a intentarlo por la vía de la aplicación CBP ONE -derogada dos años después por la administración Trump- que permitía solicitar asilo en la frontera e ingresar legalmente y con un permiso de trabajo temporal mientras la petición de asilo se resolvía en las cortes. “De tanto intentar, lo aceptaron. Pero el problema fue cuando ya entró al país. Cayó enfermo de los riñones y de la vesícula y lo llevaron a un hospital. El 8 de agosto vino deportado a El Salvador. Y fue cuando lo detuvieron en el aeropuerto”, relata Mónica. A partir de ese momento, la hermana de José Emilio hizo todo lo que estuvo a su alcance por demostrar que él no era un pandillero. “Me pidieron documentos. Los llevé. Sacar sus antecedentes penales. Los saqué. Buscar adultos que atestiguaran que él nunca había estado en pandilla. Lo hice. Le recordé a la fiscal que ella había hablado con él y que, además, había visto con sus propios que ni siquiera tenía tatuajes. Pero, ella me dijo que no estaba en sus manos”. En la constancia de antecedentes penales de la Dirección General de Centros Penales, con fecha del 15 de agosto de 2023, reza que “José Emilio Canizales Villalta, de 26 años, soltero de profesión u oficio, agricultor, originario de Usulután. A la fecha no posee antecedente penal por sentencia condenatoria, ejecutoria en su contra por imputársele delito” Tres meses después de recibir este documento, Mónica recibió la fatídica llamada de las autoridades salvadoreñas. “Decirme que estaba muerto. Me dolió el alma. No lo supero y no lo voy a superar nunca. Era mi único hermano de mamá y papá”, dice entre el dolor y la rabia Cientos de detenidos muertos bajo régimen de excepción En su informe "Seguridad sin derechos", Amnistía Internacional (AI) denuncia que hasta diciembre pasado se habían documentado "al menos 470 muertes en centros de detención" en El Salvador bajo régimen de excepción. "En varios casos se registraron lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte o indicios de violencia física y negligencia médica", agrega AI. La oenegé salvadoreña Socorro Jurídico eleva a 547 el número de muertos en El Salvador bajo custodia del Estado y sin haber sido vencidos en juicio: el 31% de los casos se debió a muertes violentas y otro 31% a la falta de atención médica. “Tras ingresar al sistema penitenciario, muchas personas adquieren enfermedades o se les agravan las que ya tenían antes”, afirma René Valiente. El investigador de Cristosal precisa que no solo el Estado no genera las condiciones de salubridad en las prisiones, sino que ha abandonado su obligación de velar por la salud de los detenidos y proporcionarles acceso a servicios de salud

  5. Sep 24

    Cómo El Salvador recibe a sus deportados: Cinco dólares para armar una nueva vida

    Desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, 239 vuelos han aterrizado en El Salvador con nacionales deportados; una fuerza laboral que sostenía la economía nacional mediante el envío de remesas. ¿Qué les espera a su regreso?. Reportaje realizado en el marco de 'Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de deportaciones de la administración de Donald Trump'. Investigación de RFI y otros 25 medios del mundo, bajo el liderazgo de Forbidden Stories (Historias Prohibidas). Por Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador La pobreza extrema de El Salvador es una de las principales causas por las que la población emigra del país. Según datos de la Cepal, ocho de cada diez personas de zonas rurales viven en pobreza multidimensional, privados de derechos básicos como salud, educación e ingresos dignos. El salario mínimo apenas alcanza los 400 dólares mensuales. Esta crisis social se ha amortiguado históricamente gracias a las remesas familiares que representan cerca del 26 % del Producto Interno Bruto (PIB). Desde su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump ha lanzado una ofensiva destinada a cumplir su promesa de "llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de la historia" . Para justificar sus políticas restrictivas y la ejecución de deportaciones masivas, el magnate que preside a EE. UU. utiliza un retórica deshumanizante y ruin: ha calificado a los inmigrantes indocumentados de criminales, violadores, asesinos, animales, alimañas, invasores, veneno para la sangre de la nación y... basura. Acorde con esta línea discursiva —señalada por Naciones Unidas y organizaciones de defensa de los derechos humanos—, cada martes y jueves aterrizan en el aeropuerto internacional de El Salvador aviones fletados desde Estados Unidos con cientos de expulsados a bordo. Inmediatamente, son trasladados en autobuses al Centro de Recepción al Migrante. Fuimos a su encuentro. Martes 12 de mayo de 2026, colonia La Chacra, San Salvador “A mi hijo David lo agarraron cuando iba al trabajo en Dallas (Texas) hace tres semanas. Pasamos varios días sin saber nada de él hasta que mi hija logró localizarlo en los registros de una prisión en Tennessee. Anoche, por fin pudo comunicarse con ella y le avisó que a las tres de la madrugada los iban a llevar al aeropuerto para deportarlos aquí, a El Salvador”. Desde hace varias horas, María Campos, la madre de David Hernández, aguarda de pie y bajo un sol infernal frente al portal del Centro de Atención al Migrante, en la colonia La Chacra de la capital salvadoreña. A su lado, decenas de familias de zonas rurales empobrecidas esperan a un pariente deportado desde EE.UU., en medio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump quien ha fijado a las autoridades migratorias la cifra de un millón de expulsiones de inmigrantes al año.   Los martes y los jueves aterrizan en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero aviones con cientos de estos salvadoreños: un total de 5.031 en el primer trimestre de 2026, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador. La inmensa mayoría de estas personas eran obreros en EE. UU., cuyo envío de remesas representa entre el 24 % y el 26 % del PIB del país centroamericano. Han sido arrestados y apresados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el brazo armado de la política antinmigrante de Trump.  La razón: entrar y permanecer en el país en situación irregular que es una falta administrativa, no un delito del orden de lo penal.  “Los tratan como criminales solo por el hecho de haber cruzado la frontera sin el permiso”, dice María y aclara, enseguida, que ese no fue su caso porque ella, sus dos hijos y sus nietos entraron a Estados Unidos con Estatus legal. "Entramos con permiso" “No fuimos en la época en que salían las caravanas de emigrantes, en el 2018. Pedimos el asilo en Tijuana, nos dieron un número para tramitar el proceso y entramos de manera regular. Ya en Estados Unidos nos dieron el permiso de trabajo. Yo trabajába en las fábricas que producen jamón y carne para las hamburguesas. David en la construcción”, relata. Ella prefirió regresar a El Salvador hace tres años. El resto de la familia se quedó con el proceso de asilo pendiente.    Pese a estar tramitando ante los tribunales su beneficio migratorio - situación que, en principio, protege de la detención y la expulsión-  su hijo David fue capturado por el ICE en Texas, y trasladado al Centro de Detención del Oeste de Tennessee (Mason, TN), una prisión federal operada por el gigante privado CoreCivic.     Al aldo de María, la señora Juana cuenta la historia que la ha traído hasta aquí: “Estoy esperando a mi nieto y le traigo su regalo. Él cumplía años el 25 de abril, y ese día lo detuvieron y se lo llevaron los agentes de migración cuando salía a trabajar para Amazon repartiendo paquetes, a las seis de la mañana”. Esta abuela vio partir a su nieto cuando era niño, de la mano de sus padres. Ellos, al igual que cerca de dos millones de salvadoreños, emigraron a Estados Unidos huyendo de las pandillas, la muerte, el secuestro, la extorsión, el hambre y las múltiples violencias que genera la pobreza. También ingresaron a Estados Unidos de manera regular a través de la solicitud de asilo. Una de las diferencias de la administración Trump respecto los gobiernos demócratas de Joe Biden y Barack Obama –que tuvieron tazas altas de deportación- es que actualmente se está deteniendo a inmigrantes en proceso de obtener un estatus legal y se les mantiene prisioneros sin derecho a fianza (en cárceles operadas por los gigantes de las prisones privadas). “Gente con caso de asilo pendiente o con una solicitud de visa T, o visa U, en curso está siendo detenida. Y la estrategia es resolver rápidamente su caso, con una negativa, para deportarlos ”, explica la abogada experta en migración Andrea Mejía. De héroes a criminales De repente, aparece el primero de los tres buses en los que vienen unos 250 deportados. La muchedumbre se agolpa emocionada y los saluda a través del vidrio. Apenas unos instantes de alegría mezclada con miedo. Los buses entran a la sede gubernamental. La puerta se cierra. Y en la calle, queda la incertidumbre. “Tememos que lo acusen de ser pandillero”, dicen algunos familiares que prefieren no dar su nombre. Explican que, bajo el régimen de excepción vigente en el país, los deportados pueden ser acusados de pertenecer a bandas criminales y ser encerrados en las cárceles del régimen —como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad y emblema de la política represiva del gobierno de Nayib Bukele— bajo aislamiento total, sin contacto con la familia o un abogado, y sin derecho a juicio. Después de varias horas de espera, la puerta del Centro de Atención al Migrante se abre y empiezan a salir los deportados. Traen el rostro surcado por la humillación: de héroes que sostienen al país con sus remesas han pasado a ser tratados como criminales. La mayoría llora al abrazar a sus familias. Es un llanto de derrota y desesperanza.  ICE nos decía que firmáramos “Nos trajeron esposados de manos y pies. Para ir al baño y comer, uno hacía como podía”, relata David Hernández sobre el vuelo de más de seis horas en el que venía con decenas de compatriotas. La mayoría firmaron su propia expulsión. Otra particularidad de la guerra contra la migración del actual gobierno estadounidense es la llamada auto deportación. Se trata de una figura creada a partir del programa CBP HOME de Donald Trump que remplazó al CPB ONE, creado por su antecesor, y que permitía la entrada a país a través de una demanda de asilo en la frontera y la obtención del permiso de trabajo temporal mientras el caso se resolvía en las cortes. Al cancelar el gobierno de Trump esta protección de manera general, unas 900.000 personas perdieron su estatus legal y quedaron en riesgo de deportación “Para que iba a pelear mi caso de asilo ahí encerrado si, de todas formas, lo iba a perder. Eso es lo que le decían a uno ahí adentro”, afirma David. Los testimonios de inmigrantes apresados dan cuenta de la presión de los agentes del ICE durante el cautiverio para que firmen la auto deportación. “Si un agente del ICE te dice, en ausencia de tu abogado, que vas a perder tu caso, que vas a estar encerrado largo tiempo, que mejor firmes para irte del país, está buscando intimidarte y está violando la ley. Ningún prisionero puede ser contactado sin que su abogado esté presente. Esa es la ley”, subraya la abogada litigante Andrea Mejia. Nuestro delito es ser inmigrantes    Sentado en la calle, robándole una mínima porción de sombra a la acera, se encuentra José Adán Alasmoy. Espera a que salga un amigo con el que fue capturado en el estado de Misisipi. Fueron deportados tras ser detenidos cuando salían del trabajo. “Trabajábamos poniendo pisos”, cuenta. José Adán explica que no fueron los agentes del ICE, sino unos patrulleros quienes lo detuvieron por no llevar encendidas las luces intermitentes del auto. “Me pidieron los documentos. Les dije que no tenía y, entonces, llamaron a la 'migra' para que me llevaran”. Tras unas horas de detención en Pearl, fue trasladado del estado de Misisipi al Centro de Procesamiento del ICE en Luisiana, administrado por el gigante GEO Group, la principal empresa privada a cargo de las cárceles en EE. UU. que registró en 2025 el volumen de ingresos más alto de toda su historia corporativa debido a los contratos firmados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).. "Duele que traten así a la gente trabajadora que sostiene a este país. Nuestro único delito es ser inmigrantes", deplora José Adán con la voz quebrada al recordar que su esposa y su hijo se qu

  6. Sep 21

    Trump y Bukele: El acuerdo secreto que hace desaparecer a los migrantes (3 episodios)

    Radio Francia Internacional estrena los reportajes de "Deportation Project", una investigación realizada en EE. UU. y El Salvador sobre la maquinaria de expulsiones de la administración Trump. La serie inicia con el caso más emblemático,  masivo, controvertido y punta de lanza de deportaciones a un tercer país. Este trabajo se enmarca en un proyecto en el que participan 26 medios del mundo liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas). Te lo contamos en un serie de tres podcasts. Por Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador La historia de Glenda y Karen es la de dos mujeres salvadoreñas convertidas en sabuesos tras el rastro de sus respectivos hermanos deportados desde Estados Unidos. También es una historia de desaparición forzada y secuestro estatal. "Mi hermano está desaparecido. Tiene más de un año detenido sin un proceso legal. Quisiéramos tener una constancia de que está bien porque no podemos seguir con la incertidumbre de no saber nada de él”, afirma Glenda. “Ha sido deportado hace más de un año y hasta la fecha no nos han querido aclarar su paradero. No hay registro suyo en la Fiscalía. Para nosotros es una desaparición forzada. Es como si no existieran acá en El Salvador”, replica Karen. No existen, pero sí aterrizaron en San Salvador entre marzo y abril de 2025, a bordo de los vuelos militares que la administración Trump envió con 252 venezolanos y un número indeterminado de salvadoreños acusados por ambos gobiernos de ser criminales peligrosos. A partir de ese momento, se pierde el rastro de Elmer Concepción Romero Yanes, hermano de Glenda, y de Kevin Rolando Barrera Torres, hermano de Karen. Leer tambiénForbidden Stories: La investigación sobre la red mundial tejida por EE.UU. para organizar expulsiones masivas Los traslados se realizaron en tres fechas: el 15 y 30 de marzo, y el 12 de abril. "Lamentablemente, a diferencia del caso de los venezolanos, con los salvadoreños nunca se dio una cifra exacta ni información oficial. Supimos de ellos primero por una nota de la Casa Blanca, después por un tuit y luego a través de los medios de comunicación”, explica Nathaly Cotrino, investigadora sénior de Human Rights Watch. Glenda y su familia supieron que Elmer estaba en el país a través de un video en el que la presidencia de El Salvador promocionaba la llegada de los vuelos militares con supuestos pandilleros deportados desde Estados Unidos.      “Gracias a Dios que pudimos reconocerlo en el video. Él es el último que aparece cuando lo bajan del avión y lo suben a un bus. Mi hermano venía en el segundo vuelo que aterrizó el 31 de marzo de 2025. Además, él había hablado con una tía que vive en los Estados Unidos y le había dicho que lo iban a retornar al país, que le mandara ropa. La tía pudo reconocer que la ropa que ella le envió es la que trae puesta. Eso es lo único que nos ha mantenido con la esperanza de que lo vimos y de que sí vino al país”, dice Glenda. Tras presentar la denuncia por desaparición y acudir a las instituciones competentes, Karen tuvo la certeza del arribo de su hermano Kevin a El Salvador.   “Fue en mayo de 2025. La procuradora general me confirmó que sí había sido deportado el 15 de marzo junto con el grupo de venezolanos; el vuelo había aterrizado a las 10:30 de la noche. Sin embargo, me dijo que no podía darme más información porque no estaba autorizada. Incluso se negó a enseñarme el documento porque era confidencial. Después de eso hemos preguntado en muchas partes y nadie nos da respuesta”. Pacto secreto bajo régimen de excepción Estas deportaciones ocurrieron bajo el régimen de excepción que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, instauró en 2022 en el marco de su guerra contra las maras o pandillas; un modelo que permite detener a una persona sin informarle los motivos, negarle asistencia legal y mantenerla en prisión incomunicada, por tiempo indefinido y sin comparecer ante un juez.   También se dieron en el marco de la guerra contra la migración que libra su par estadounidense, Donald Trump, en su segundo mandato bajo la consigna de “lograr la mayor deportación de la historia de Estados Unidos”.Antes de llevar a cabo las expulsiones de estos inmigrantes en marzo y abril de 2025, las dos administraciones habían alcanzado un pacto migratorio secreto, anunciado dos semanas después del retorno de Trump a la Casa Blanca sin entrar en los detalles. El 4 de febrero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial a El Salvador, calificó como un “acto de generosidad que ningún país ha tenido” el ofrecimiento del presidente Nayib Bukele de “recibir a criminales peligrosos deportados por Estados Unidos, miembros del Tren de Aragua o de la pandilla Mara S13 y encerrarlos en sus cárceles”. Incluso a ciudadanos estadounidenses o residentes legales condenados en Estados Unidos. “Es una señal más del amigo increíble que es el presidente Bukele”, aseguró Rubio.     Por su parte, el presidente Nayib Bukele confirmó en su cuenta de X que aceptaría a los presos a cambio de una tarifa económica para Estados Unidos, pero con ganancias significativas para El Salvador. Los prisioneros serían llevados al CECOT, la cárcel de máxima seguridad emblema de la política represiva de su gobierno. Los detalles del pacto migratorio firmado entre las administraciones de los presidentes de EE. UU., Donald Trump, y El Salvador, Nayib Bukele, eran desconocidos hasta el mes de septiembre de 2025, cuando salieron a la luz como parte de la evidencia de un litigio judicial. “Es un contrato y no han querido revelarlo. Supimos de su existencia por un documento de la administración Trump que se filtró adjunto con evidencia en la demanda GGV vs. Trump”, explica Nathaly Cotrino. La investigadora sénior de HRW se refiere a la demanda colectiva interpuesta el 15 de marzo de 2025 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. Esta acción judicial, presentada en representación de ciudadanos venezolanos detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), buscaba frenar la inminente amenaza de expulsión de migrantes por parte de la administración de Trump. La evidencia es una carta oficial del Departamento de Estado estadounidense al Gobierno de El Salvador, fechada el 22 de marzo de 2025, en la que se formaliza la concesión de 4,76 millones de dólares destinados al apoyo penitenciario y logístico para la detención de los migrantes venezolanos y salvadoreños expulsados y su encarcelamiento en el CECOT.   La transferencia de dichos fondos quedaba sujeta a la prohibición impuesta a El Salvador de proveer recursos o asistencia legal a los solicitantes de asilo. A partir de este contrato, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, símbolo de guerra contra las pandillas del mandatario salvadoreño, se transforma en una herramienta de la política migratoria de su homólogo Donald Trump. “Bienvenidos al infierno” Esposados de manos y pies, los deportados fueron bajados de los aviones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y conducidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad. “Más allá de la narrativa oficial, los datos que logramos recabar contaban una historia muy diferente”, afirma René Valiente, director de Cristosal, la principal ONG humanitaria de El Salvador, obligada recientemente al exilio. *    “Se trataba de migrantes pobres que estaban buscando un mejor futuro en Estados Unidos. Solo un pequeño porcentaje de ellos tenía antecedentes penales y, en esos casos, los delitos no daban indicios de participación en actividades de criminalidad organizada”. Cristosal y HRW constataron que en el CECOT fueron sometidos a graves y sistemáticas torturas físicas, psicológicas y sexuales y al delito de lesa humanidad de desaparición forzada. “El director del centro les dijo: “Bienvenidos al infierno”, y que la única forma de salir de ahí era ‘muertos’, agrega Valiente. El patrón de Estados Unidos se repite en El Salvador: durante los cuatro meses de detención en el CECOT, estas personas no tuvieron acceso a un juez o tribunal que les brindara garantías. No estuvieron sometidas a ningún proceso legal. El Estado salvadoreño negó sistemáticamente la información sobre ellas, incluso a sus familias. “Esto tiene un nombre en el derecho internacional: desaparición forzada”, denuncia el responsable de la ONG Cristosal. 36 salvadoreños sin rastro, 11 nombres identificados En julio de 2025, los venezolanos recobraron la libertad y regresaron a su país a cambio de presos políticos, tras una negociación entre los tres gobiernos. Sin embargo, no se supo nada de los salvadoreños que fueron deportados con ellos y señalados como miembros de las maras, las pandillas que Bukele declaró organizaciones terroristas. “De ese grupo, solo el 10% tenía antecedentes por delitos violentos o potencialmente violentos en Estados Unidos”, explica Juanita Goebertus, directora de la división Américas de Human Rights Watch (HRW), ONG que ha puesto su lupa en la investigación de estas deportaciones. “Al igual que con los venezolanos, pudimos documentar que los salvadoreños fueron desaparecidos; es decir, inmediatamente borrados de cualquier información que pueda dar el gobierno estadounidense, sin ningún tipo de información provista por el gobierno salvadoreño sobre su lugar y condiciones de reclusión." Fruto de una minuciosa pesquisa, organizaciones de defensa de derechos humanos y de los migrantes de Estados Unidos lograron establecer que en los tres vuelos de marzo y abril de 2025 venían 36 salvadoreños deportados. De ellos, únicamente once han sido identificados. Y fue gracias a la g

  7. Sep 14

    "No hay ese medicamento": la crisis de acceso a los fármacos en Medellín

    La crisis de medicamentos en Colombia sigue dejando a miles de pacientes sin tratamientos para enfermedades como diabetes e hipertensión. Mientras aumentan las quejas contra las EPS (Empresas Prestadoras del Servicio) por la no entrega de medicamentos, familias en Medellín denuncian largas filas, gastos de bolsillo y meses de espera para acceder a tratamientos esenciales. Escuche el reportaje del colombiano Santiago Palomino Ochoa, estudiante de la Universidad EAFITen Medellín, Colombia, mención especial de la décimosegunda edición del Premio Reportaje de RFI en Español, que tuvo lugar entre febrero y mayo de 2026. Cuando María Teresa Agudelo recibe una llamada de su hermana menor, casi siempre sabe que algo pasó con su mamá. Las tres hermanas se repartieron las tareas sin necesidad de acordarlo. Mónica permanece junto a ella las 24 horas del día. Luisa Fernanda se encarga de pedir citas médicas, reclamar medicamentos y buscar soluciones cuando algo falla. María Teresa, la mayor, trabaja y asume buena parte de los gastos que requiere el cuidado de la familia. El centro de todo es María Ángela Muñoz Álvarez, una mujer de 81 años que quedó completamente dependiente después de sufrir varias enfermedades, entre ellas un accidente cerebrovascular. Desde entonces, las hijas aprendieron a cambiar pañales, mover a una paciente inmovilizada, alimentarla por una gastrostomía y vigilar cada señal de alarma. También tuvieron que aprender algo que nunca imaginaron: cómo cuidar a una persona cuando los medicamentos y servicios médicos formulados dejan de llegar. “Todo lo hemos aprendido por YouTube y por inteligencia artificial”, cuenta María Teresa. La familia asegura que, desde septiembre de 2025, los medicamentos dejaron de entregarse con regularidad. Los pañales nunca llegaban. La atención médica domiciliaria que necesitaba tampoco se concretó. Cada visita terminaba con respuestas parecidas: “No está disponible”. “No lo están dando”. “No hay ese medicamento”. Mientras intentaban mantener estable a su madre, las hermanas empezaron a asumir gastos que antes cubría el sistema de salud. Entre medicamentos, traslados en ambulancia, insumos y una cama hospitalaria que tuvieron que comprar para atenderla en casa, calculan que gastaron cerca de 10 millones de pesos colombiano, más de dos mil dólares, prácticamente un salario mínimo colombiano cada mes. “Sale uno triste. Hemos salido llorando”, dice María Teresa. “Uno nunca sabe si el medicamento llegará” La frase se repite una y otra vez en distintos lugares de Colombia. A varios kilómetros de la casa de María Ángela, Estebinson Rodríguez escucha la misma respuesta cuando intenta reclamar los medicamentos de su madre, Blanca Inés Montoya, una profesora pensionada de 83 años. Durante años ha aprendido a convivir con largas filas, autorizaciones, trámites y esperas. Pero en los últimos meses, asegura, conseguir los tratamientos se ha vuelto más difícil. Hay medicamentos para controlar la hipertensión y otras enfermedades crónicas que simplemente no aparecen: “El valsartán nunca lo hay. El nifedipino tampoco”, cuenta. La rutina suele comenzar temprano. Llega al punto de entrega, espera su turno, presenta las fórmulas médicas y aguarda una respuesta. Algunas veces recibe una parte del tratamiento. Otras veces sale con una lista de medicamentos pendientes. Cuando eso ocurre, la única opción es comprarlos. “Toca reducir el mercado”, dice. “Unas veces comemos arroz con huevo y otras veces huevo con arroz para poder comprar los medicamentos”. El problema es que la enfermedad no espera. Las cuentas tampoco. Por eso, muchas familias terminan destinando parte de sus ingresos a tratamientos que deberían recibir a través del sistema de salud. Las historias de Estebinson y María Teresa son distintas, pero comparten una misma sensación: la incertidumbre de no saber cuándo llegará el próximo medicamento. Una crisis que supera las ventanillas Lo que viven estas familias forma parte de un problema más amplio. En 2025, la Superintendencia Nacional de Salud recibió cerca de 675.000 reclamos relacionados con la entrega tardía o la no entrega de medicamentos. En Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, una encuesta de percepción ciudadana encontró que el 34 % de los habitantes se declaró insatisfecho con la entrega de medicamentos, una de las principales razones de inconformidad con el sistema de salud. Las alertas también han sido respaldadas por la Defensoría del Pueblo, la institución en cargada en el país de velar por los derechos de los ciudadanos. En un informe publicado en noviembre del 2025 por dicha entidad, se advirtieron que los problemas de abastecimiento y entrega afectan especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y personas que requieren tratamientos continuos. Según sus análisis, muchas familias terminan asumiendo de su propio bolsillo gastos que deberían estar cubiertos por el sistema de salud. Dependiendo del tratamiento y de la capacidad económica del hogar, estos desembolsos pueden representar desde una pequeña fracción de los ingresos familiares hasta porcentajes que superan el 70 % o incluso el 90 % en los casos más críticos. Entre los medicamentos cuya entrega registra mayores dificultades figuran tratamientos para enfermedades cardiovasculares, diabetes, epilepsia, trastornos psiquiátricos y algunos medicamentos de alto costo utilizados para cáncer y enfermedades huérfanas. Para los pacientes, la interrupción de estos tratamientos puede traducirse en complicaciones médicas, hospitalizaciones evitables o un deterioro acelerado de su estado de salud. Para Johnattan García-Ruiz, investigador en salud pública de la Universidad de Harvard, detrás de la escasez existen problemas financieros y logísticos que afectan la distribución de medicamentos en el país. Según explica, las dificultades no se limitan a la falta de recursos. También influyen retrasos en los pagos entre aseguradoras, prestadores y distribuidores, problemas en la planeación de inventarios y fallas en la coordinación de la cadena de suministro. Cuando los recursos no circulan con normalidad entre los distintos actores del sistema, advierte, las consecuencias terminan llegando a los pacientes en forma de demoras, entregas incompletas o interrupciones de tratamientos esenciales. Sin embargo, para quienes esperan una entrega, las explicaciones técnicas suelen sentirse lejanas. La crisis se experimenta de formas mucho más concretas. En una silla de ruedas. En una cama hospitalaria instalada en la sala de una casa. En una fila que empieza antes del amanecer. En una hija que aprende procedimientos médicos viendo tutoriales en internet. En un hijo que reorganiza el presupuesto familiar para comprar medicamentos. En un paciente que depende de una pastilla diaria para mantener estable su salud. Nota del editor: Después de la realización de este reportaje, María Ángela Muñoz Álvarez, uno de los personajes de este reportaje, murió el 22 de mayo de 2026.

  8. Sep 7

    Colombia: un mes después del terremoto, la difícil y lenta reconstrucción

    Al cumplirse un mes del terremoto que sacudió el occidente de Colombia, RFI recorrió varios municipios del norte del Valle del Cauca, entre ellos Roldanillo, Toro y El Águila. Entre viviendas destruidas, refugios improvisados y obras apenas iniciadas, los testimonios recogidos muestran que la reconstrucción avanza a ritmos muy desiguales y que, en muchos casos, depende de la solidaridad de familiares, vecinos y donantes. Reportaje de nuestra corresponsal en Cali, Carmen Andrea Rengifo. El 10 de agosto pasado, a las 7h34 de la mañana, la tierra se movió con fuerza. El epicentro del terremoto, de magnitud 7,4, fue en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La sacudida atravesó el occidente colombiano y dejó más de 330 muertos. Estamos en Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca. Ha pasado un mes desde el terremoto. En la fachada de la vivienda de Luz Mary Giusti Varela se lee un aviso que dice: "Uso restringido". A sus 78 años, Luz Mary está sacando con las manos los restos de su casa. “Qué íbamos a pensar que de la noche a la mañana íbamos a tener este inconveniente tan grave”, dice.  Desde el terremoto duerme donde una hermana, pero vuelve todos los días para retirar escombros y recuperar lo que todavía puede salvar. “Desde el día del terremoto toda mi familia, mis sobrinos, me ayudaron a sacar todos los enseres y a llevarlos a cuatro casas de familiares. Luego hemos venido aquí poco a poco, sacando lo que nos ha ido quedando y tratando de retirar los escombros para aprovechar cuando viene el carro recolector de escombros”. Le preguntamos de donde sale ese carro. “Pues me imagino que el municipio”. Luego nos invita a entrar para ver las condiciones en que quedó mi casa. “No podemos habitarla. Esta pared se nos desploma hacia el lado de allá. Mire que está bien abierta”, dice señalando unas grietas. Cuando empezó a temblar, ella estaba adentro de su residencia. Mientras recorremos la vivienda, señala el lugar exacto donde se encontraba y el bloque que cayó a pocos pasos. “Yo me quedé en el marco de una puerta, aquí, en esta pieza. Me agarré así y alcancé a salir”. Luz Mary sigue entrando a una casa que oficialmente no puede habitar. Un ingeniero le explicó que la estructura podría repararse con columnas y vigas de amarre. La vivienda fue construida por su padre en 1952 y quedó para la familia. Solidaridad en San Pacho En San Pacho, corregimiento del municipio de Toro, nos encontramos con Bertha Oliva Bedoya, de 77 años. Camina despacio desde el fondo del galpón, apoyada en dos muletas. La artrosis le dificulta el andar. “Ella está discapacitada, pero no se queda quieta”, nos dice la vecina que nos conduce hasta ella. La mañana del 10 de agosto Bertha Oliva estaba atendiendo a sus gallinas, limpiando la cochera y poniendo agua a los animales. “Cuando empezó el terremoto escuché a los vecinos gritar. Yo estaba solita. Me agarré de un poste que había ahí. Menos mal el techo no tenía tejas, sino zinc. Cuando todo pasó vi el desastre: la casa de allá se cayó encima de la mía. Todo el techo cayó sobre el mío y mi casa se fue hacia el otro lado del cerco. Cuando miré, las paredes se tambaleaban”. Un mes después, el terreno de Bertha ya no luce como aquel primer día. Entre los restos de la antigua vivienda aparecen nuevas paredes y una cocina que todavía está en obra gris. “Mi hijo y muchas amistades vinieron a ayudarnos. Llegó una familia de Cali, vino mucha gente. Entre todos hicieron un combo. De Toro vinieron muchas amistades. Mi hijo trajo un maestro de obra de Pitalito, Huila, y a las carreras levantaron esto que ve aquí. En trece días levantaron todo”, dice. Pero esas primeras paredes no significan que la reconstrucción esté resuelta. Su hijo tuvo que volver a Pitalito y lo que falta depende ahora de materiales que la familia consiga fiados. Damos gracias a Dios porque la señora de la ferretería nos dio lo que necesitábamos. Nos dijo: "Me van pagando como puedan, de a millón o de a quinientos mil. Gracias a Dios nos facilitó todo para poder trabajar”, dice. Vallejuelo: promesas, pero sin fecha En Vallejuelo, otro corregimiento de Toro, Edinson Cañarte González camina entre los restos de la casa que construyó durante años. Tiene 76 años y se apoya en un bordón mientras nos invita a entrar. “Yo no puedo caminar mucho. Yo voy caminando lentamente”, dice. Mientras la prometida casa llega, Edinson ha tenido que resolver dónde dormir. Ensayó una noche en la vivienda de su hijo, pero no es una solución de largo plazo porque también está dañada y con las lluvias tuvieron que apuntalarla para evitar que se terminara de caer. Así que volvió a su terreno, donde apenas le levantaron un refugio provisional en el espacio que antes ocupaba su casa. “El alcalde ya ha venido dos veces a visitarme. Me dijo: ‘No se preocupe, le vamos a fabricar su casita’. La promesa está hecha, pero no sabe cuándo se la van a cumplir. Roldanillo, "buenos corazones" Muy cerca de allí, en Roldanillo, Consuelo Rojas Jiménez enfrenta otra incertidumbre. El albergue donde se refugia está por cerrar. Ella todavía no sabe dónde va a dormir después. Su casa quedó tan dañada que tuvieron que demolerla. Sus padres la habían levantado poco a poco, reuniendo materiales como podían. “Gracias a Dios han aparecido buenos corazones. Nos están regalando cemento y ladrillo. Ahora me siento más segura porque le van a poner columnas. Va a quedar mucho mejor”, confía. Las ayudas para la reconstrucción empiezan a llegar. Lo que Consuelo todavía no tiene es un lugar donde quedarse hasta que su casa vuelva a estar en pie. “Le pedimos el favor a cualquier persona que pueda ayudarnos. Anoche vino una prima y le dije: ‘Usted que anda en moto, avíseme si sabe de algún lugar’’ Porque uno tiene que saber para dónde ir”. El Águila, hospital en ruinas, pero personal al frente De Roldanillo seguimos hacia el municipio de El Águila, en el extremo norte del Valle del Cauca. Allí el terremoto no solo golpeó viviendas, sino que también dejó en ruinas el Hospital San Rafael, el único centro asistencial del municipio y sus alrededores. Cuando el edificio empezó a moverse, pacientes y trabajadores salieron como pudieron. Una funcionaria quedó atrapada bajo un escritorio. Apenas terminó el sismo, dos compañeras regresaron al hospital, siguieron sus gritos y lograron rescatarla. No hubo muertos dentro del centro médico, pero el edificio ya no podía seguir funcionando. “Inmediatamente después del terremoto montamos un hospital de campaña. Sacamos las carpas de Misión Médica y las instalamos en el parque. Bomberos y Policía también ayudaron. Todo fue supremamente rápido. Sacábamos camillas, equipos y materiales, y los íbamos instalando en el parque para continuar la atención. Armamos una zona de urgencias y seguimos trabajando”, explica Olga Lucía Aguilar, la gerente del Hospital San Rafael.   Con el paso de los días surgió otra tarea: encontrar dónde seguir atendiendo a los pacientes. La urgencia salió del parque y se trasladó a una construcción que había servido anteriormente como hospital. Otros servicios fueron repartidos entre locales, un puesto de salud y una casa. Un mes después, cerca de 60 trabajadores continúan distribuidos en tres lugares diferentes. “La terapia física va para uno de los locales de afuera. Citologías y programas de prevención están en uno de los cubículos. El laboratorio clínico toma las muestras aquí, aunque los análisis deben hacerse en otro sitio. Luego los resultados se entregan acá”, comenta Olga Lucía Aguilar.  Cargando tejas a los 67 años En ese mismo municipio vive Amilbia Valle Gutiérrez. Tiene 67 años. La encontramos cargando tejas. Su casa creció al ritmo de lo que la familia podía conseguir: primero dos habitaciones, luego otra pieza y una pequeña cocina. El terremoto le arrancó el techo. Su esposo vive del jornal y desde entonces buena parte de sus días se van tratando de sostener lo que quedó. “Nos dicen que hay que esperar y esperar. Mi esposo fue a preguntar y le dijeron lo mismo, que hay que esperar. Y mire cuánto tiempo ha pasado. El terremoto fue el 10 de agosto y ya se cumplió el mes. Vivo con miedo de que se me moje la casita. Un señor noble me regaló un plástico y el otro lo compré con mucha dificultad”, dice. De regreso en Roldanillo, Luz Mary Justy sigue entrando a su casa para llenar recipientes con pedazos de pared, tierra y tejas. Los lleva hasta la calle y regresa por más. Una tarea que se ha tornado muy lenta por su edad. Tiene miedo de entrar, pero no se detiene. Le cuesta sostener el recipiente. Tiene 78 años y después del terremoto siente que está empezando de nuevo. “Nosotros no pensamos derribar la casa. Ya nos han dicho que tiene arreglo, que con una pared nueva y buenas vigas se puede salvar. Lo que pasa es que estas casas no tienen vigas de amarre, sino chonta”, explica. Un mes después, en el norte del departamento del Valle del Cauca, algunas paredes comienzan a levantarse. Otras casas siguen igual que el primer día de la tragedia. A unos la reconstrucción ya les llegó, a otros los dejó varados, contando los días bajo un plástico prestado.

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